“Es grandioso que por fin esté saliendo a la luz todo lo que denunciamos en 2004. Lo publicado en The New York Times (NYT) nos da nuevamente la razón”, dijo ayer a La Jornada Emma Ortega, una de las líderes del Frente Cívico Teotihuacano, que se opuso a la construcción de una tienda de la cadena Wal-Mart, al conocer la amplia investigación del diario estadunidense donde se afirma que la trasnacional sobornó a altos funcionarios mexicanos para erigir una Bodega Aurrerá en el perímetro C de la zona arqueológica de Teotihuacán.

La activista señaló que en enero se reagrupará el frente para intentar mediante la vía legal lo que entonces no pudieron: demoler la construcción.

El actual director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Sergio Raúl Arroyo, quien ya era titular cuando estalló el conflicto, ayer no quiso hacer declaraciones a la prensa.

Tampoco fue posible localizar a Maribel Miró Flaquero, quien en 2004, como directora del Centro INAH Estado de México, otorgó los permisos de construcción.

El instituto argumentó entonces que había explorado el terreno con la realización de 122 pozos y tres calas, con las que constató la inexistencia de bienes arqueológicos en casi la totalidad del terreno. No obstante, admitió que halló restos del basamento de un altar prehispánico de 80 centímetros por lado y 25 de altura, así como fragmentos de pisos. Esta parte fue restringida a cualquier tipo de edificación y se mantiene dentro de un área verde, justo frente a la tienda (La Jornada, 26 de abril de 2012).

Emma Ortega explicó a este diario que dejará que acabe de arder la leña para entonces, en enero, adoptar decisiones con quienes participaron en 2004 y en años posteriores en defensa del patrimonio en la zona de Teotihuacán.

Recordó a su compañero Emmanuel D’Herrera, uno de los principales opositores al Wal-Mart en Teotihuacán.

D’Herrera falleció en 2010, a los 65 años de edad, debido a un derrame cerebral; fue encarcelado por hacer estallar un artefacto explosivo en la Bodega Aurrerá el 16 de mayo de 2009, mediante un juicio en el que hubo muchas irregularidades.

En 2004, el activista y demás miembros del Frente Cívico acudieron a diversas instancias federales con el propósito de detener la construcción de la tienda, entre ellas la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sin obtener respuesta.

Ante todas las instituciones denunciaron los sobornos que ahora salen a la luz.

Ortega manifestó que la situación en la zona arqueológica de Teotihuacán no ha mejorado en estos años: En cuanto a la parte administrativa, las cosas están por los suelos, y respecto de nuestra lucha por nuestras raíces y cultura, nos tienen limitados.

Acerca de la nueva designación de Sergio Raúl Arroyo como titular del INAH, la activista comentó: El sistema siempre premia a los que se portan bien; es decir, a sus servidores.

Confió en que como sucedió en 2004, cuando contaron con el apoyo de activistas de diversas partes del país –como los que defendían el Casino de la Selva en Cuernavaca, Morelos–, en esta ocasión se sumen muchas personas a la lucha por proteger Teotihuacán de usos y abusos de empresas comerciales.

El reportaje publicado el lunes por el NYT incluye declaraciones de Sergio Raúl Arroyo, quien reconoce que Maribel Miró le informó que ejecutivos de Wal-Mart ofrecieron en 2004 donaciones al INAH. Según el funcionario, él dio instrucciones de que no les aceptara ni un par de tijeras.

Por otra parte, un ejecutivo de Wal-Mart asegura que un alto funcionario del instituto pidió una donación oficial de 45 mil dólares y un regalo personal de 36 mil a cambio de los permisos correspondientes.

Miró fue quien firmó entonces el aval del INAH (licencia 401/725/2/103P/04, con fecha del 19 de mayo de 2004), pero a los pocos meses renunció al cargo de directora del Centro INAH Estado de México y se fue como catedrática a la Universidad Autónoma de Querétaro.

El INAH se negó a dar, con diversos argumentos, respuesta a varias solicitudes de información que por conducto del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) hicieron ciudadanos acerca de los motivos de la renuncia de la funcionaria.

En 2004, otros funcionarios y especialistas que avalaron la construcción de la Bodega Aurrerá en el perímetro C de la poligonal que delimita la zona arqueológica fueron: Verónica Ortega, entonces jefa del departamento de protección técnica y legal de monumentos arqueológicos de Teotihuacán; Edgardo García, quien fungía como coordinador de Centros INAH; María del Perpetuo Socorro Villarreal, coordinadora nacional de asuntos jurídicos (posteriormente encargada de dar a la ciudadanía la información solicitada por conducto del Ifai); Joaquín García Bárcena, entonces presidente del Consejo Nacional de Arqueología, y el arquitecto Carlos Madrigal.

Por su parte, Sergio Raúl Arroyo reiteraba ante la prensa en aquellos años que el INAH estaba restringido en las posibilidades legales para detener la construcción de la tienda: Veo el problema en las regulaciones, en las normas, que muchas no son directamente emitidas por el instituto, que no son parte de nuestro trabajo. Por ejemplo, el plan parcial de desarrollo que es aprobado por el Congreso local no tiene que ver con el INAH de manera directa. El terreno se categoriza para uso de servicios y abasto, entre otras cosas. Desde que se hizo el primer levantamiento de la zona en los años 60, se encontró que ahí no había vestigios importantes, carecía de potencial arqueológico directo. Entonces el plan parcial está regulado por la poligonal que se aprobó y trazó en 1988, pero aquí no están incluidos todos los impactos en el orden social y político de una comunidad (La Jornada, 9 de octubre de 2004).

Por otra parte, el propio Plan de Desarrollo Municipal de Teotihuacán, elaborado en 2008, reconoce que se tuvieron que ajustar las poligonales definidas por el INAH, ya que las establecidas en 2003 son incorrectas.