Teotihuacán, Méx., 18 de diciembre. Investigadores, académicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y activistas exigieron una investigación sobre la instalación, en 2004, de una tienda de la cadena Wal-Mart en el perímetro C de protección de la zona arqueológica de Teotihuacán, ante las revelaciones de que la empresa pagó sobornos para construir ahí, según reveló el diario estadunidense The New York Times (NYT).

Afirmaron que hay elementos suficientes para reabrir el caso y actuar contra los funcionarios tanto del INAH como de los gobiernos estatal y municipal por el otorgamiento de permisos irregulares y por la destrucción de vestigios arqueológicos.

Para la construcción de la tienda Aurrerá en el perímetro C, la cadena mayorista obtuvo todos los permisos en sólo seis meses.

Felipe Ignacio Echenique March, secretario general del Sindicato de Académicos del INAH; Sergio Gómez, arqueólogo de Teotihuacán, y Emma Ortega, representante del Frente Cívico Teotihuacano, afirmaron que lo revelado por el NYT comprueba lo que ellos denunciaron en su oportunidad: las irregularidades sobre la instalación de la tienda.

En julio de 2004, Wal-Mart inició la construcción en un predio ubicado en Cruz de la Misión, en el barrio de La Purificación, que forma parte del polígono C del área de protección de la zona arqueológica donde, según decreto del 30 de agosto de 1988, se permite la construcción de edificaciones que no atenten contra la preservación e integridad de los monumentos arqueológicos.

La trasnacional logró que le otorgaran los permisos de factibilidad de uso de suelo (DPUR/106/ 2004), dictamen de protección civil (SGG/SSGG/SSSP/DGPC /02395/2004), licencia de obra del INAH (401/725/2/103P/04) y del ayuntamiento, licencia estatal de uso de suelo (089/050/2004), dictamen y constancias de servicios públicos (DU/CS/05/06/2004), ecológicos (212003/RESOL/356/ 04) y de vialidad (21111/A000/ 10160/2004).

Echenique March, uno de los investigadores que presentaron la demanda penal TEX/061/ 2004-11 ante la Procuraduría General de la República, recordó que cuando interpusieron la acusación las autoridades comenzaron a modificar todo y la denuncia quedó en el olvido y se exoneró a funcionarios.

Exigió que ahora nos digan los nombres de a quiénes les dieron los cheques y que se finquen responsabilidades penales contra todos los involucrados.

Sergio Gómez sostuvo que en su momento, mediante un documento, acusó que le habían mostrado un cheque a nombre del esposo de una investigadora de Teotihuacán y pidió a Luciano Cedillo, ex director del INAH, que investigara el presunto caso de corrupción. Nunca me dieron una contestación directa, pero me dijeron que no había elementos suficientes que reforzaran mi denuncia; incluso firmó la respuesta Pedro Francisco Sánchez Nava, actual presidente del Consejo de Arqueología. Sería bueno que él responda por qué no realizó una investigación a fondo.

Emma Ortega afirmó que aún cuando el daño está hecho, es indispensable que se investigue y se deslinden responsabilidades.