La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó que el titular de esa dependencia, Jesús Murillo Karam, fue quien personalmente dio la orden para levantar el arraigo de Beatriz Veramendi Martínez, ex agente del Departamento de Estado de Estados Unidos a quien el testigo protegido Jennifer vinculó con actividades del narcotráfico.

Mediante una tarjeta informativa, la dependencia precisó que la decisión del procurador Karam se dio tras estimar que la acusación en contra de la ex trabajadora de la embajada de Estados Unidos en México es de oídas y carece de elementos.

Esta es la primera vez que se levanta un arraigo por delincuencia organizada, después de que en dos administraciones consecutivas encabezadas por el PAN la mayoría de las investigaciones y las medidas cautelares se sustentaron en los dichos de testigos protegidos.

Según la PGR, Murillo Karam ordenó dejar sin efectos el arraigo luego de considerar un análisis del expediente elaborado por la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales (SJAI), a cargo de Mariana Benítez Tiburcio, que concluyó que la acusada estaba privada de su libertad con una imputación de oídas que carecía de motivación y fundamentación.

“Al conocer que la indagatoria contra la indiciada estaba sustentada de manera preponderante en el dicho del testigo protegido Jennifer, lo cual es insuficiente, considerando que la declaración de un testigo de oídas constituye un dato o indicio genérico que no tiene valor convictivo alguno, y no es equiparable a un testimonio presencial de los hechos, (el procurador) Murillo Karam solicitó a la SJAI una opinión jurídica acerca de la integración de la averiguación previa, en cuanto a los hechos y a los procedimientos”, dijo la PGR en la ficha informativa.

Añadió que tras estudiar el caso, el titular de la PGR determinó que las diligencias practicadas al inicio de la averiguación previa no aportaron los elementos suficientes que justificaran la aplicación de la medida cautelar.

Y agregó que el procurador Murillo Karam refirió que la Constitución establece que el arraigo es una medida cautelar aplicable en situaciones excepcionales, indicó.

Veramendi sólo cumplió 10 días de arraigo, pero fue liberada el pasado domingo, con las reservas de la ley, lo que quiere decir que si la PGR encuentra nuevas pruebas en su contra puede ordenar de nueva cuenta su detención con fines de presentación ministerial.