Luego de señalar que no habrá improvisación en la lucha contra la delincuencia, el presidente Enrique Peña Nieto delineó en seis grandes líneas de acción lo que será la nueva política de Estado en materia de seguridad y justicia. En ellas se incluye la creación de la gendarmería nacional y de la comisión intersecretarial de prevención del delito, la depuración y restructuración del Instituto Nacional del Migración (INM) y la división del territorio nacional en cinco grandes regiones operativas para lograr mayor eficiencia y atender problemas específicos.

En la segunda sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, primera que encabeza como presidente, Peña Nieto advirtió que esta tarea, que exige corresponsabilidad entre poderes y órdenes de gobierno, debe estar ajena a intereses de partidos.

Ante los mandatarios estatales, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y los miembros de su gabinete de seguridad, reunidos en el salón Tesorería de Palacio Nacional, el Presidente advirtió que en la obligación de brindar seguridad y justicia, los gobiernos deben cumplir, no competir.

En la sesión, donde previamente el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, prácticamente desacreditaron el trabajo realizado en esta materia durante el sexenio anterior, Peña Nieto informó que las fuerzas armadas continuarán en las calles, en labores de apoyo a la seguridad ciudadana, en tanto concluye el proceso de consolidación y restructuración de las policías estatales.

Antes de la sesión pública, también en Palacio Nacional, el Presidente, los gobernadores y los miembros de su gabinete de seguridad se reunieron en privado y acordaron la mecánica del encuentro y la división propuesta del territorio en cinco regiones operativas.

Los seis líneas de acción de la nueva política de Estado presentada son: a) planeación, b) prevención, c) promoción y defensa de los derechos humanos, d) coordinación, e) transformación institucional y f) evaluación y retroalimentación.

La primera línea tiene como objetivos prioritarios reducir la violencia y recuperar la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas; en particular, disminuir los indicadores relacionados con homicidios, secuestros y extorsiones.

No habrá improvisación, prometió el Presidente, y agregó que la planeación permitirá asignar responsabilidades y fechas precisas de cumplimiento para los gobiernos federal y locales.

Apuntó que la prevención del delito y la participación ciudadana son instrumentos esenciales de esta nueva política de Estado. Al respecto, dio instrucciones al titular de Gobernación y a los funcionarios involucrados de instalar la comisión intersecretarial de prevención del delito, donde cada dependencia del gobierno federal tendrá una responsabilidad precisa para alcanzar los objetivos.

Dentro de la tercera línea, el Presidente anunció que se pondrá en marcha un programa nacional de derechos humanos para fortalecer las áreas del gobierno en esta materia y crear la instancia federal que dé seguimiento a la instrumentación de la reciente reforma en este ámbito.

Fue ahí, citando casos de violación a los derechos humanos de migrantes centroamericanos, cuando anunció la depuración y restructuración del INM.

En el cuarto punto, anunció el establecimiento de un sistema de coordinación y cooperación, que será conducido por la Secretaría de Gobernación, para lo cual el país será dividido en cinco regiones operativas. El objetivo, explicó, es lograr mayor eficiencia en la lucha contra la delincuencia.

Ordenó a los responsables de las áreas de seguridad y procuración de justicia que se trasladen a esas regiones del país para atender los problemas específicos de las mismas.

Sobre la transformación institucional, anunció que la Policía Federal será reorganizada, con el fin de asegurar el control interno de la corporación, y ordenó al titular de Gobernación iniciar los trabajos que permitan a la brevedad la creación de la gendarmería nacional.

Esta nueva institución –integrada inicialmente con 10 mil elementos– será responsable de fortalecer el control territorial en los municipios con mayor debilidad institucional, y en instalaciones estratégicas como puertos, aeropuertos y fronteras, expresó.

Respecto de la sexta línea de acción, el mandatario dijo que esta política de Estado requiere ser evaluada en conjunto y de manera permanente, con indicadores claros, medibles y transparentes, que sirvan a la ciudadanía para calificar democráticamente el desempeño de sus autoridades.

La evaluación también será útil para retroalimentar y, en su caso, ajustar esta política de Estado, afirmó.