ntre la enorme cauda de agravios impunes contra los pueblos indígenas, destaca Acteal, para hablar de los más recientes. La matanza del 22 de diciembre de 1997 fue perpetrada por grupos paramilitares cuya sola denominación indica el origen, y a estas alturas ya se han quedado sin argumentos quienes desde la órbita estatal pretendieron justificar tal ignominia bajo el manto del concepto de conflictos intracomunitarios. Recordemos el llamado Libro blanco, de la Procuraduría General de la República (PGR), donde se pretendió dar sustento a tal planteamiento.

La trayectoria de búsqueda de la justicia en el caso Acteal guarda paradojas que parecen inimaginables. En lógica estatal no se puede ocultar la existencia ominosa de la masacre, pero su autoría y consecuente responsabilidad es hoy jurídicamente fantasmal. Queda el estigma cierto de que 45 indígenas, en su mayoría mujeres y niños que oraban por la paz en una ermita en el municipio de Chenalhó, fueron asesinados. Y sin embargo llega el decimoquinto aniversario sin culpables materiales e intelectuales, pues los primeros han sido liberados en virtud de que la Suprema Corte de Justicia encontró las consuetudinarias fallas en el debido proceso (20 de ellos el 12/8/2009 y siete más el pasado 2 de febrero). En septiembre de 2011 se presentó en Estados Unidos una demanda de carácter civil contra el ex presidente Ernesto Zedillo, quien logró el apoyo del calderonismo para gestionar la recomendación del Departamento de Estado para que se considere la inmunidad. Este episodio está rodeado de secreto en cuanto a sus promoventes oficiales y oficiosos. A los primeros se les ocultó la identidad y no se logró verificar si se trata de auténticos supervivientes de las víctimas de Acteal y la información que manejó la demanda proviene del reporte de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en la Procuración y Administración de Justicia en el Poblado de Acteal, dado a conocer dos meses antes de la presentación de la demanda. La fiscalía que había sido creada en 2006 por el ex gobernador Juan Sabines prácticamente desapareció, no actuó en consecuencia a partir de sus conclusiones incriminatorias contra el ex presidente Zedillo, casualmente no así para el ex secretario de Gobernación Emilio Chuayffet, hoy convertido en titular de Educación –sin la evaluación previa que busca para quienes aspiren a obtener una modesta plaza magisterial–, y a cuyas declaraciones la fiscalía chiapaneca les dio virtual valor pleno, pues cual Pilatos se lavó las manos señalando que informó de la situación en Chenalhó al ex presidente y éste no le dio instrucciones. Hace días el funcionario mexiquense comentó a Carmen Aristegui que responsabilidad sólo existe jurídica, no moral ni social, como se señala y ésta no le ha sido acreditada . ¡Ni a él ni a nadie! Justamente de esa magnitud es el agravio. Las Abejas lograron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos diera entrada al caso, pero hasta hoy no se ha presentado informe alguno.

Siempre he pensado que cuando los movimientos se traducen en meras efemérides reflejan su debilidad. En este caso, por fortuna, no hay tal, pues la organización Las Abejas y el Centro Frayba, que han asumido la lucha por la justicia, gozan de cabal salud política y organizativa. Ni qué decir del EZLN, que fiel a su estrategia mantiene el frente de las juntas de buen gobierno para construir las llamadas autonomías de hecho y da cotidiano sentido a la línea de no relación con el gobierno, ello pese a las crecientes amenazas y provocaciones de la parte oficial, donde de nueva cuenta se busca señalar que se trata de conflictos entre organizaciones.

En ocasión de su aniversario, Las Abejas plantearon un mensaje muy elocuente: “Hace 20 años nosotros creíamos en la democracia institucional (teníamos esperanzas en que los gobernantes y partidos políticos nos escucharían para que fuéramos respetados los pueblos originarios). Sin embargo, todo fue una ilusión. Pero, de esas mentiras y engaños aprendimos muchas cosas y, gracias a ello, somos lo que somos ahora. Ahora, ya no creemos en ningún partido político, ni en un gobierno impuesto desde arriba. […] Vemos que en Chiapas y en México no existen condiciones de vida, no hay un estado de derecho. Compañeros y compañeras: seamos todos guardianes de la memoria, tengamos presente que nuestro México actual desangra, que los responsables de guerras y crímenes están libres, viven en impunidad, bajo el cobijo del mismo Estado” (10/12/12). La razón de Estado definida para incumplir los acuerdos de San Andrés desencadenó la operación de una estrategia para confrontar primero en la región zapatista al costo que fuera. El plan es nacional para despojar a los pueblos indígenas y darles migajas a sus integrantes. Que luego no se asusten de la respuesta.