Chihuahua, Chih., 17 de diciembre. El reacomodo de los grupos delictivos que dominan la producción y trasiego de drogas en la sierra Tarahumara ha provocado un repunte en la violencia y la inseguridad en los pueblos y comunidades de la región. En carreteras, caminos y brechas de la serranía, los retenes ilegales de hombres al servicio del narcotráfico, son constantes.

En uno de esos retenes, ubicado en el kilómetro 35 del tramo carretero Creel- Guachochi, fueron detenidas el pasado jueves cuatro maestras; dos días después, aparecieron sus cadáveres con huellas de tortura y abuso sexual.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado negaron haber recibido reportes sobre el retén de presuntos criminales, pero habitantes indignados por los crímenes, insisten en que hubo omisión de la policía ministerial destacada en Creel, pues se les avisó del puesto.

Las historias de violencia en las comunidades serranas se replican. Familias completas han sido exterminadas en un mes y medio, en poblados de Chínipas y Guadalupe y Calvo.

Esta última localidad fue sitiada por un comando la noche del 7 de diciembre. Unos 50 pistoleros, a bordo de 10 camionetas, quemaron casas y convirtieron las calles del pueblo en campo de batalla.

Dirimieron a balazos las rencillas con grupos rivales, resultado de incumplimiento de acuerdos, deudas no cubiertas o control de rutas por donde mueven la producción de droga de la región.

El comando no encontró resistencia de las policías municipal y ministerial. El alcalde de Guadalupe y Calvo, José Ramón Gutiérrez Loera, no estaba en esos momentos, como sucede la mayor parte del tiempo, tras la ejecución de varios de sus funcionarios en este año. Tampoco hubo presencia de los soldados destacamentados en el batallón militar de El Zorrillo, situada a unos 15 minutos de dicha población.

En Guadalupe y Calvo –con más de 20 mil habitantes–, se describen las vivencias diarias: Aquí las cosas están muy tensas. Hay ratos de calma, pero todos sabemos cómo corre el agua.

Cuentan que desde hace meses ocurren ejecuciones en la cabecera municipal y en otras comunidades. Fuera del pueblo todos los días hay muertos, en los ranchos, muchos ni siquiera se reportan, tampoco se sabe bien, cuántos mueren y quiénes son. Hemos visto que la policía hasta les cambia los nombres, con el tiempo uno se entera de todo.

El municipio de Guadalupe y Calvo está enclavado en la zona sur de la Tarahumara. Colinda con Sinaloa y es considerada una zona de control del cártel encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

Hace poco más de un mes, uno de los lugartenientes de esa organización delictiva en la región, identificado como Francisco El Che Salgueiro Nevárez, fue detenido por el Ejército en Parral. Desde entonces la lucha por el control de la estructura criminal no cesa.

Deudas y desavenencias

La cosecha de mariguana y opio que se levantó en lo profundo de las barrancas no ha llegado a los mercados. Las deudas y las desavenencias entre los grupos delictivos están a la orden del día.

No es la única zona en conflicto. En otros punto de la geografía serrana la población refiere historias similares: ejecuciones de familias completas, retenes ilegales en los caminos y brechas, levantones y secuestros.

Habitantes de Guazapares y Chínipas denuncian la existencia de al menos seis retenes ilegales, instalados por presuntos miembros de la organización criminal La Línea y el cártel de Sinaloa, sobre la carretera que comunica San Rafael, municipio de Urique.

Por esa vía transitan trabajadores y proveedores del complejo minero Palmarejo, de la empresa Coeur d’ Alene, que sólo pueden circular antes de las 17 horas. La otra salida que tiene Chínipas hacia Álamos, Sonora, también está blindada por retenes, dan a conocer con temor. Tienen razones para ello.

A finales de noviembre pasado, en el kilómetro 33 de la carretera Creel-San Rafael, fueron arrojados los cuerpos de cuatro integrantes de la familia Velderrín. El padre, Moisés Velderraín, y tres de sus hijos habían sido levantados en Chínipas, dos días antes.

Sus cadáveres con huellas de tortura y el tiro de gracia, fueron dejados en los límites del territorio que se disputan grupos delictivos identificados con los cárteles de Juárez y Sinaloa.

La violencia que repuntó en esta zona del occidente de la Tarahumara, coincide con la aprehensión de otro lugarteniente del cártel de Sinaloa, identificado como Alfredo Salazar Ramírez, detenido por el Ejército el 1º de noviembre, en Huixquilucan, estado de México.

El miércoles 5 de diciembre, en el poblado de Creel, municipio de Bocoyna, hombres armados irrumpieron en la vivienda de la ex regidora panista en esa demarcación, Edna Delfina Rodríguez González, a quien asesinaron junto con su hijo de 14 años. La mujer fungía como enlace legislativo del senador Javier Corral en la zona serrana.

Las líneas de investigación apuntan a una venganza, debido a que una de las hermanas de la víctima servía de presunta prestanombres en varios negocios de Alfredo Salazar y huyó de Creel cuando se conoció su arresto.

Guachochi, Morelos y Batopilas son municipios serranos en los que grupos criminales han intensificado sus actividades, colocan retenes e impiden el paso a los lugareños.

La gente de la sierra nomás escucha, mira y calla. Denunciar como les piden las autoridades, representaría un peligro inminente para su seguridad y de sus familias.