En lo que fue el primer caso de arraigo en la gestión de Jesús Murillo Karam al frente de la Procuraduría General de la República (PGR), la dependencia optó este fin de semana por levantar la medida cautelar que enfrentaba la mexicana Beatriz Elena Veramendi Martínez, quien hasta el mes pasado se desempeñaba como agente del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Fuentes de la PGR revelaron a La Jornada que la mujer que había sido detenida el pasado 4 de diciembre y después sometida a un arraigo de 40 días, por presuntos delitos que pudieran estar ligados con el narcotráfico, quedó en libertad con las reservas de ley durante las primeras horas de este domingo, luego que un agente del Ministerio Público Federal acudió en la madrugada a la casa de arraigos para notificarle personalmente que por orden directa del procurador se ordenaba su inmediata libertad.

Desde el inicio de su gestión al frente de la PGR, Murrillo Karam sostuvo, en diversas entrevistas radiofónicas, que las figuras legales del arraigo y de los testigos protegidos deben revisarse, porque en las dos administraciones panistas se ha hecho abuso de ellas, con la consecuente afectación que eso ha traído al derecho constitucional de la presunción de inocencia.

Veramendi, quien trabajó cuatro años para la embajada de Estados Unidos en México como agente especial de investigación,  e incluso recibió un premio y reconocimiento a su lealtad de manos del embajador Carlos Pascual, había sido arraigada durante 40 días como parte de la averiguación previa PGR/SEIDO/ UEITMIO/408/2012, basada en el dicho de Jennifer, el testigo protegido estrella de la llamada Operación Limpieza de 2008.

Jennifer declaró en octubre pasado, desde algún lugar de Estados Unidos, que alguna vez escuchó, en el año 2008, que Veramendi guardaba el dinero en efectivo que narcotraficantes le pagaban a Noé Ramírez Mandujano, ex titular de la subprocuraduría de la PGR dedicada al combate a la delincuencia organizada, como parte de las dádivas que supuestamente cobraba el ex funcionario a cambio de brindarles protección a los líderes de grupos criminales.

En 2008, Veramendi fue la secretaria particular de Ramírez Mandujano, actualmente preso y sujeto a juicio por sus presuntos vínculos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

El 4 de diciembre pasado, la Policía Federal Ministerial la detuvo en La Paz, Baja California Sur, cuando realizaba actividades de buceo.

Este es el primer caso relevante de la gestión de Murillo Karam al frente de la PGR, aunque corresponde a una indagatoria que se inició en la gestión de Marisela Morales, de quien Veramendi también fue secretaria particular en la Coordinación General de Investigación.

Hasta el momento se desconoce el paradero de Veramendi, a cuyos abogados buscó ayer este diario para conocer su versión sobre la decisión de la PGR, pero sólo se nos indicó que por el momento la mujer no hará declaraciones a los medios de comunicación.

Las fuentes consultadas revelaron que cuando fue detenida Veramendi –de 36 años de edad y originaria del Distrito Federal–, la ex agente declaró ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) que cuatro elementos de la agencia antidrogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) le pidieron el 9 de noviembre pasado colaborar y ser testigo protegido en una nueva investigación que se ha iniciado contra Ramírez Mandujano.

Sin embargo, la mujer respondió a los agentes estadunidenses que ella no era la persona indicada, pues negó contar con información que comprometa a su ex jefe.

Los funcionarios de la PGR indicaron que el 28 de mayo de 2008 el Congreso de la Unión concedió a Veramendi el permiso para prestar servicios como investigador en la embajada de Estados Unidos, como agente de seguridad diplomática, adscrita al Departamento de Estado.