Pendientes de resolver por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) se encuentran las indagatorias contra cuatro ex funcionarios de la paraestatal III Servicios, por presuntos fraudes en las obras del Bicentenario, en cuyo fideicomiso se ejerció un total de 3 mil 983 millones 743 mil 204 pesos, consigna en el libro blanco sobre dicho instrumento financiero la extinta Secretaría de la Función Pública (SFP).

Los indiciados son el ex director general de III Servicios (subsidiaria de Petróleos Mexicanos), Agustín Castro; el ex asesor técnico administrativo de esa empresa, Juan Alberto Bravo (señalado por haber laborado antes en la constructora Gutsa, encargada de la obra de la Estela de Luz); el gerente administrativo y de finanzas, Ricardo Morales Jaramillo, y el gerente jurídico, Rubén Enrique Arenal. Según la desaparecida dependencia, se realizaron 28 auditorías al Fideicomiso Bicentenario, fuertemente cuestionado por el derroche de recursos en la emblemática Estela de Luz del gobierno de Felipe Calderón.

En el libro blanco, difundido hace unos días, se indica que se auditaron a 18 instituciones del Ejecutivo federal que ejercieron los recursos del fideicomiso.

En el documento, la SFP precisa que el costo inicial de la Estela de Luz, de 492 millones 89 mil 978 millones de pesos, pasó a mil 36 millones de pesos, y que los fondos del fideicomiso se distribuyeron de la siguiente forma: 46.7 por ciento en la celebración de eventos, exposiciones, becas, actividades culturales y artísticas; 28.8 por ciento en el monumento conmemorativo de los festejos y el proyecto ejecutivo para su construcción; 22.4 por ciento en la adquisición de bienes y servicios, y 2.1 por ciento en servicios profesionales y de arrendamiento.

(Con información de Gustavo Castillo)