Por falta de recursos, torpeza en la gestión gubernamental y burocratismo, hay en el país 40 mil directores de escuelas sin nombramiento oficial. En el mismo caso están unos 16 mil supervisores. Una probable consecuencia de la reforma educativa en curso –todavía hay mucho que andar en el terreno legislativo y luego mucho más a ras de suelo– es que sus inexistentes plazas serán lanzadas a concurso. Así, una maestra que ha sido directora durante 10 años podría enterarse, de un día a otro, que su lugar fue ganado por un recién egresado de la Universidad Pedagógica Nacional.

Un examen estandarizado podría provocar ese resultado y, con él, una ola de descontento. Entonces, dice un dirigente magisterial, “la bronca no va a ser con Elba Esther Gordillo ni con el sindicato; va a ser con los maestros… Se te incendia el país”.

Tras una de las semanas más turbulentas que se recuerden para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y su máxima lideresa, en su entorno se sigue viendo el escenario con mucha frialdad: no hay en el proyecto de reforma educativa nada a lo que el gremio pudiera oponerse: El SNTE va a respaldar, en la realidad pero va a ser muy difícil construir la reforma de las aulas.

Ese proceso de construcción tendrá un momento importante a media semana, cuando se reúna el consejo nacional del sindicato en medio del debate sobre los cambios, pero comenzó –pese a las formas y al ruido mediático que ha acompañado la iniciativa– desde la campaña electoral, cuando Fernando González Sánchez, ex subsecretario de Educación Básica y yerno de la profesora Gordillo, mantuvo un fluido puente con el equipo del ahora presidente Enrique Peña Nieto, pese a la ruptura de la alianza entre el PRI y el Partido Nueva Alianza.

Pasadas las elecciones, la relación se mantuvo en excelentes términos, aunque las necesidades mediáticas del nuevo gobierno parezcan indicar otra cosa. González Sánchez buscó, sin éxito, la Secretaría de Educación Pública, y en ese andar entregó al ahora jefe de la oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, muchos de los insumos para redactar el capítulo educativo del Pacto por México y la iniciativa de reforma.

En la frialdad del elbismo no hay nada nuevo. Una y otra vez, desde 1989, la profesora Gordillo ha usado el argumento de su control del explosivo sector magisterial para evitar que toquen sus intereses.

De las primeras 13 decisiones de Enrique Peña Nieto, anunciadas en el discurso del primero de diciembre en Palacio Nacional, la más aplaudida fue la de que deje de haber plazas vitalicias y hereditarias en el sistema educativo nacional.

La vitalicia asintió. Los opinócratas celebraron la realización de su tesis de meses: que Peña Nieto abriría con un quinazo, a la manera de Carlos Salinas, ahora contra la lideresa magisterial.

Un día después, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, leyó: La creciente influencia de poderes fácticos, frecuentemente, reta la vida institucional del país y se constituye en un obstáculo para el cumplimiento de las funciones del Estado mexicano.

Pero sólo unas horas después, el mismo Osorio y otros voceros del gobierno le bajaron la espuma al licuado que ellos mismos batieron. El pacto no tiene un destinatario específico, dijo Osorio. La reforma será con el sindicato de maestros, completó el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Emilio Chuayffet.

Elba Esther Gordillo pasó de ser La Quina de Peña Nieto a una política profesional que no come lumbre.

En el entorno elbista respiraron tranquilos con el ajuste en la comunicación, en el que vieron una corrección muy significativa y comenzaron a sacar cuentas.

El cuadro lo completó una reunión entre el presidente Peña y la profesora Gordillo.

Fue una buena reunión, dice un dirigente del SNTE.

–¿Qué tan buena?

–Pues la posición que fijamos el martes 11 de diciembre indica que a la maestra le fue muy bien.

Ese día, efectivamente, el secretario ejecutivo del SNTE, Juan Díaz de la Torre, ofreció el respaldo completo del gremio a la reforma peñista, aunque mandó también otros mensajes: uno, dirigido a los adversarios del SNTE, que emblematiza la agrupación Mexicanos Primero y, otro, al gobierno y sus aliados en las cúpulas del PRD y el PAN.

Un integrante del cuarto de guerra gordillista lo explica así: el posicionamiento leído por Juan Díaz de la Torre debe leerse en estos términos: la alianza del sindicato es con el Estado, y la relación laboral es con la SEP.

O, dicho de otro modo, la profesora Gordillo trata con Peña, en su calidad de jefe de Estado, y Díaz de la Torre se hace cargo de la relación con el secretario Chuayffet.

Propuestas y traiciones

En el entorno gordillista se botaban de la risa cuando, al conocerse el nombramiento de un nuevo director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), se anunciaba: pierde Elba Esther otra posición.

¿El Issste?, se pregunta un miembro del círculo elbista. El Issste lo tuvimos hasta la reforma del sistema de pensiones, que sacamos con todos sus costos, y lo perdimos después de eso, con la traición de (Miguel Ángel) Yunes.

Debe ponerse atención a la fórmula con todos sus costos, porque es la misma medicina que el grupo dirigente del SNTE pretende usar en los próximos meses y años para capotear la reforma de la educación.

Ya pasaron una prueba parecida con la calderonista Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), que fue muy difícil de conducir y aterrizar, puesto que provocó movilizaciones no sólo en las secciones donde la Coordinadora tiene presencia, sino también en otras con fuerte presencia institucional, como Puebla, Veracruz, Morelos y Nuevo León.

Las negociaciones y los conflictos que rodearon la reforma del sistema pensionario y la ACE serán los referentes del nuevo episodio. En lo que toca a la reforma en curso, no les falta razón a los elbistas cuando dicen que el SNTE había hecho varias de las propuestas en la reforma que se presenta como novedad.

En el caso del Servicio Profesional Docente, por ejemplo, la iniciativa en el Congreso plantea que el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan.

Sólo en este rubro, según el recuento sindical, el gremio ha aportado bastante: la firma del Compromiso Social por la Calidad de la Educación (2002), que estableció un laxo fomento de medidas para que todos los docentes y directivos concursaran sus plazas; la firma de la ACE en 2008, que fijó, entre otras cosas, el compromiso de diseñar un sistema nacional de evaluación; la ACE incluía también acuerdos para que todas las nuevas plazas y las vacantes definitivas, así como los cargos con funciones directivas, se sometieran a concursos públicos de oposición que fuesen dictaminados de manera independiente; en 2011, el gobierno federal y el SNTE firmaron el Acuerdo de Evaluación Universal de Docentes y Directivos en Servicio de Educación Básica, así como lineamientos del programa de carrera magisterial, que establecieron que la mitad del puntaje corresponderá a los resultados de la prueba Enlace.

En la semana que comienza, la reforma entra en una etapa crucial en el Congreso. El SNTE vigilará a los legisladores desde la reunión de su cúpula, donde es seguro que pese a la línea que se esboza en el cuarto de guerra elbista: Hay que decirlo con frialdad: el hecho duro es que independientemente de los recursos, que todavía hay que ver de dónde saldrán, una reforma no se hace si no se logra una coalición que la sostenga. Si no hay coordinación con la representación gremial, no hay manera de que se sostenga una reforma.