l activismo económico del gobierno es como una marea. El capitalismo lo necesita para funcionar, aunque la ideología liberal a ultranza lo rechace y proponga su achicamiento al máximo para dar el margen más amplio al mercado y la iniciativa privada. Es un juego con flujo y reflujo constante.

La función primordial del gobierno, según esta postura política, es reducir y eliminar las restricciones fiscales, monetarias y reglamentarias para que fluyan los capitales y el trabajo a las áreas más rentables. Esto sucede de manera cíclica.

La cuestión, según se propone, es hacer más eficiente la asignación de los recursos e incrementar así las posibilidades de crecimiento del producto. Aun así hay fricciones severas, como ocurre, por ejemplo, en el campo de la competencia, o bien en las pautas de la desigualdad económica y social. La regulación y las medidas del estado de bienestar son medidas de contención también cíclicas.

Pero esta retracción a modo del antiguo dejar hacer, dejar pasar del liberalismo económico del siglo XVIII exige, de manera periódica, una intervención para hacer y no dejar pasar. Esa intrusión suele ser de fuerza mayor que el anterior retraimiento para así buscar reordenar las condiciones de la acumulación.

La crisis de 2008 ilustra muy bien la situación. Pero en realidad las fases de la marea, el menor o mayor activismo gubernamental, son formas distintas de injerencia. De modo general se puede afirmar que el mercado sin el Estado, en una sociedad compleja, es inoperante.

La idea del gobierno no intervencionista se planteó para los países emergentes en la década de 1990 como el encargado de hacer las reformas necesarias para ampliar el campo de acción del mercado. La reformas mismas, al estilo del Consenso de Washington, fueron ampliamente intervencionistas, los resultados de esas acciones en materia de expansión productiva amplia y sostenida y la reducción de la pobreza y la desigualdad no alcanzaron los objetivos planteados.

El acomodo fiscal y monetario en los países más desarrollados ha llevado, por su parte, a una crisis de enormes dimensiones, en la cual los déficits crecen alocadamente y las tasas de interés fijadas por los bancos centrales son apenas mayores a cero.

La realidad es que las crisis en el capitalismo global se han sucedido sin pausa. Hoy, el activismo gubernamental en Estados Unidos y Europa es una exigencia del mismo mercado, pero se aplica con ideas políticas disímiles. En el primero con un mayor gasto fiscal y una expansión monetaria sin precedente. En la zona del euro, en cambio, con una fuerte austeridad que mantiene a la economía en la recesión y provoca un enorme dislocamiento de las condiciones sociales.

El caso del activismo económico del gobierno de Estados Unidos en los años que van de este siglo tuvo entre sus rasgos primordiales el gasto militar, luego del 11 de septiembre de 2001, y la gestión monetaria de la Reserva Federal, primero para contener la crisis del mercado de valores centrado en las empresas de tecnología y luego para sostener la expansión del crédito, que terminó en la crisis de 2008. Los efectos de esta crisis se extendieron como reguero por Europa, como bien se sabe.

La Reserva Federal ha optado por intervenir mediante una enorme expansión monetaria, que es del orden de 3 trillones de dólares (según se mide allá), y se estima que puede llegar a 4 trillones el próximo año. Esta inyección de dinero intenta mantener aceitada la maquinaria del mercado y muy bajas las tasas de interés para incentivar la inversión y contener una profunda recesión.

Pero en algún momento tendrán que pagarse las consecuencias de esta política, junto con sus inevitables implicaciones fiscales. El futuro se acerca cada vez más, por decirlo de un modo ilustrativo. Los enfrentamientos provocados hoy mismo por las condiciones del llamado precipicio fiscal son muestra de ello.

Así que la vieja disputa entre el mercado y el Estado se manifiesta de forma plena. Y, por lo que se ve, será motivo de la efervescencia política por mucho tiempo. Eso tiene que ver con las condiciones financieras prevalecientes, con las repercusiones en la producción, el empleo y el comercio; con los acomodos demográficos que impactan los sistemas de pensiones, de salud y, en general, los recursos disponibles para la administración de las políticas públicas. Esos acomodos seguirán siendo de índole global, pero sin duda se ajustarán las perspectivas nacionales del desarrollo.

Brasil ha sido un caso relevante del replanteamiento en la relación entre las pautas del funcionamiento económico y sus consecuencias sociales. Eso ocurre ya por muchos años, desde los ajustes del gobierno de Cardoso, las pautas del crecimiento de Lula y ahora con Rousseff. La presidenta ha defendido el activismo económico gubernamental abiertamente, diciendo que la austeridad a todo trance tiene costos inadmisibles. En su país ha propuesto la construcción de 800 aeropuertos para servir a ciudades con más de 100 mil habitantes, como base de una política de comunicaciones y transportes. Para eso tendrá que acomodarse con los inversionistas y crear el mercado.