Por lo menos 15 años tardará el gobierno federal en indemnizar a los familiares de los desaparecidos de la guerra sucia de los años 70 si se mantiene el ritmo de gasto de 15 millones de pesos anuales para atender a las víctimas. El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) y el Centro de Análisis e Investigación Fundar sostienen que el Estado requerirá un mínimo de 232 millones de pesos para resolver las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos relativas al tema.

Cuando faltan días para que se apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2013, los diputados del sol azteca elaboraron una lista de observaciones al gasto relacionado con derechos humanos, donde también destacan que el monto de recursos destinado a la CNDH aumentó en 94 millones 850 mil pesos (7.4 por ciento) respecto al presupuesto de 2012.

En teoría, el aumento se destinaría a atender la reforma constitucional en materia de investigación sobre violaciones graves a derechos humanos y asuntos laborales, que ahora tiene la comisión. Sin embargo, se detecta que del total de su presupuesto se destina 72.1 por ciento a servicios personales. Para gastos de operación sólo cuenta con 296 millones 216 mil pesos y, por tanto, existe la preocupación de que se limite el impacto de estas partidas sobre la necesidad de fortalecer las atribuciones de la comisión.

Los diputados Elena Tapia, Lourdes Amaya, Roxana Luna, Roberto López Suárez y Víctor Nájera, establecen en su trabajo de análisis que el PRD está en favor del aumento del presupuesto, sin embargo, se considera necesario operar mejores controles legislativos para que el ejercicio de ese gasto se sujete a reglas de transparencia que permitan una mayor eficacia y resultados.

Por tanto, señalan, se requiere establecer modelos de evaluación del impacto, e indicadores del funcionamiento de la CNDH tan pronto como inicie el ejercicio fiscal 2013.

Así, en el ramo 04 de Gobernación se detectó que no existe división o etiquetas claras sobre las sentencias, recomendaciones, resoluciones y soluciones amistosas que se van a ejercer en el presupuesto, y a las que se les asignarían sólo 53 millones 500 mil pesos.

“Es necesario un tratamiento diferenciado, puesto que la indemnización para víctimas de desaparición forzada de la guerra sucia proviene de la recomendación de la CNDH 26/2001. Según un informe de la Secretaría de Gobernación, se habían destinado apenas 30 millones de pesos para dichas indemnizaciones en el sexenio de Felipe Calderón. Su cumplimiento comenzó a operar hasta el año 2011 mediante la Unidad de Derechos Humanos de Gobernación y en ese año se indemnizó a 24 personas, mientras que en 2012 a 19.

Dado que la CNDH acreditó 275 casos, aún restaría por indemnizar a 232 víctimas. El cálculo se sustenta en el estudio elaborado por la CMDPDH, a un promedio de un millón de pesos por persona desaparecida, considerando que los montos varían de 600 mil a un millón 300 mil de acuerdo a la edad al momento de la desaparición. Y para cumplir con el compromiso se necesitaría un mínimo de 232 millones de pesos, sin contar gastos administrativos.

En el actual proyecto de presupuesto se pretende aplicar un monto de 53 millones 500 mil pesos a las indemnizaciones citadas. “Suponiendo que el rubro generalizado se canalizara exclusivamente a las víctimas de la guerra sucia, concluir con la recomendación tomaría más de 4 años”.

Como observa Fundar, existe un universo mucho más amplio de víctimas, también documentadas por la CNDH, por lo que se deberán tomar medidas para ejecutar la reparación del daño de manera planeada y ordenada.

Las observaciones de los legisladores perredistas también refieren que el 30 de abril del año 2012 se aprobó por unanimidad la minuta de Ley Para la Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Tras la entrada en vigor de dicha legislación también se creó el mecanismo de protección en la materia.

En el análisis funcional programático económico que integra el proyecto de presupuesto 2013 se detecta una asignación al mecanismo de protección a los periodistas por 129 millones 500 mil pesos.

Sin embargo, el proyecto de decreto de presupuesto 2013, publicado por la Secretaría de Hacienda en la Gaceta Parlamentaria, asigna (en la página 70) al mecanismo tan solo un millón 500 mil pesos, cantidad que replica el monto asignado en el año 2012, cuando ni siquiera se había integrado el mecanismo plural, sino aquella era una decisión administrativa del Ejecutivo.

Ese monto sería a todas luces insuficiente para sostener órganos como la Coordinación Ejecutiva Nacional, la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida.