Brenda Rangel Ortiz busca desde hace tres años a su hermano Héctor, quien fue levantado en Monclova, Coahuila, el 10 de noviembre de 2009, junto con Irene Lugo Hernández y Milton Aguilar Torres. Para ella y su familia, al igual que la de miles, no hay días de descanso, mucho menos domingos, vacaciones o días festivos.

La pena está clavada y ahí, dentro, seguirá hasta que lo encuentre vivo o muerto, dice,

Junto con otros familiares de desaparecidos llegó, una vez más en la semana que concluye a la Secretaría de Gobernación (SG), con la esperanza de que la nueva administración, encabezada por el ex gobernador de Hidalgo Miguel Ángel Osorio Chong, se convierta en una eficiente gestora para la búsqueda de sus seres queridos.

Al final de la entrevista, realizada frente a las oficinas centrales de Gobernación, Brenda alza la voz y trata de no llorar, aunque el enrojecimiento de sus ojos resalta en su piel blanca. Aprieta los puños:

¡Quisiéramos que ordenaran su búsqueda por cielo, tierra y mar; con helicópteros, con perros, con policías especiales. Estamos molestos porque otra cosa sería si lleváramos el apellido Moreira, Fernández de Cevallos, Martí o Wallace para que estos altos funcionarios se movilizaran hoy mismo para encontrarlos. Somos miles los afectados, miles de familias desesperadas por saber si están vivos, si están muertos, si los están torturando.

Sin embargo, dice Brenda, nos encontramos al final del sexenio pasado con una procuradora que nos dice que mejor integremos un banco de datos genéticos porque nuestros familiares seguro ya están muertos, y ni siquiera en fosas comunes, sino que los delincuentes los hicieron gelatina o algo así.

Por supuesto, añade, eso hizo llorar a los papás, los hermanos. Luego la procuradora (Marisela Morales) se retractó y se disculpó. También tenemos la experiencia con funcionarios, como el anterior titular de Gobernación, del grupo de las disculpas porque no les alcanzó el tiempo.

Pocos alicientes

Los expedientes de las desapariciones de sus familiares fueron entregados al equipo de transición, a Claudia Ruiz Massieu, la entonces encargada del área de derechos humanos, quien nos escuchó y dijo que sentía mucho nuestro dolor, señala Brenda.

“En realidad –añade– creo que no sienten ese dolor por el simple hecho de que ellos no tienen a un papá, a un hijo o a un hermano desaparecido.”

En este primer acercamiento, las nuevas autoridades de Gobernación no les dieron muchos alicientes; escucharon prácticamente las mismas respuestas oficiales de años recientes, acerca de recorrer el entramado burocrático de los tres niveles de gobierno.

El asunto es que, desde la desaparición de sus familiares, ya lo hicieron. Incluso, como parte del Movimiento Por la Paz con Justicia y Dignidad llegaron hasta el entonces presidente Felipe Calderón. Ha pasado poco más de un año de aquel cara a cara de alto nivel y los casos siguen en las mismas circunstancias.

En todas estas semanas, meses y años, las víctimas de los hechos vinculados a la delincuencia organizada han tenido que aprender de leyes y procedimientos; ahora, a fuerza de vuelta y vuelta, identifican lo que es un Ministerio Público, un policía, un juez, pero sobre todo de la responsabilidad de los gobiernos ante estos delitos y, por tanto, de la responsabilidad que tienen por omisión, en indagatorias inconclusas.

Por un reporte de un periódico de Estados Unidos sabemos que hay en México 25 mil personas desaparecidas, pero el gobierno no lo quiere reconocer; el Estado es el responsable de hacer esta búsqueda, advierte Julia, cuyo hijo desapareció en enero de 2008, es decir, está a punto de cumplir cinco años en esta desesperación.

Los familiares que aseguran regresarán a Gobernación en dos semanas, ya con medidas contundentes si no logran respuesta a sus peticiones, claman para que la búsqueda no cese; por parte de las autoridades como tampoco de los propios familiares.

Por ello, manifiestan al gobierno federal de Enrique Peña Nieto: no estamos pidiendo un coche sino que el Estado cumpla con su obligación. Piden que las autoridades sean sensibles a su dolor; por lo menos que se pusieran dos horas en nuestros zapatos.

Es un ciclo desesperante. En la administración pasada, luego de una huelga de hambre que hicieron tres mujeres frente a Gobernación se integraron fichas, las cuales se entregaron a Ruiz Massieu. “Ahí se quedó la cosa. Ahora, nos vuelven a preguntar los datos… a volver empezar”, lamentan.