Diputados autorizan reformas a la Ley de Seguridad Social para servidores públicos
Aprueban que la edad de jubilación pase de 57 a 62 años, además de tener 35 años de servicio
Domingo 16 de diciembre de 2012, p. 26
Toluca, Mex., 15 de diciembre. Las comisiones unidas del Congreso mexiquense aprobaron ayer el dictamen de reformas a la Ley de Seguridad Social para los servidores públicos de la entidad, por el cual se aumentan en 50 por ciento las cuotas que aportan los trabajadores que cotizan en el Instituto de Seguridad Social del estado de México y Municipios (Issemym).
Con la reforma, la aportación de los trabajadores del estado y municipios pasará de 9 por ciento de su salario a 13.125 por ciento, y la de los pensionados, de 4.5 a 6.50 por ciento. Asimismo, aprobaron subir la edad para jubilarse, de 57 años de edad a 62, y mantuvieron tener 35 años de servicio para retirarse.
En menos de hora y media de discusión, y en una sesión inusual realizada en sábado, la mayoría integrada por PRI, PAN y Partido Nueva Alianza avalaron el dictamen para salvar a esta institución de la quiebra
.
La votación en las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y del Trabajo y Previsión Social, quedó con 20 sufragios en favor y dos en contra, de los diputados Silvestre García del PRD, y Norberto Morales, del PT, con el argumento de que los trabajadores y los pensionados no fueron consultados para estas modificaciones.
Además –dijeron– no hubo disposición de las autoridades del Issemym para proporcionarles mayor información de la que hoy entregó un funcionario menor del instituto ante los legisladores.
Con las reformas aprobadas los más de 338 mil burócratas activos y 35 mil pensionados deberán aportar más al Issemym para salvarlo de la quiebra, pues sin reforma, el instituto no tendría viabilidad financiera en el primer trimestre de 2014
, aseveró, Juan Pablo Ortiz, jefe de la unidad de planeación del instituto.
Añadió que en la actualidad el organismo opera con déficit anual de 19 por ciento, lo que ha obligado a hacer uso del fondo de reserva de los pensionados para sufragar los gastos de operación diaria.
Argumentó que el envejecimiento de la población y el crecimiento del número de jubilados en la entidad presionó las finanzas del Issemym, y sin la reforma no sería posible solventar gastos el primer trimestre de 2014.
Explicó que la nómina de pensionados del Issemym se incrementa 18 por ciento cada año y de los mil millones que se utilizaban en 2003 para cubrir las pensiones, en 2012 se ocuparon casi 5 mil millones de pesos.
Actualmente, más de 22 mil personas tienen derecho a pensionarse y si hoy todas se jubilaran no habría cómo enfrentar el reto, porque la nómina de pensionados se duplicaría
, manifestó.
Los argumentos fueron repertidos por los diputados del PRI y Panal; incluso el legislador Enrique Mendoza afirmó que la reforma no era cosa menor, sino un asunto de Estado
. Sus correligionarios Manuel Castrejón, Armando Corona y Alberto Hernández del Panal, priístas como aquel, justificaron que la situación del Issemym y sus pensiones no son exclusivas de la entidad.
El perredista Silvestre García pidió en más de dos ocasiones información para verificar el estado real de las finanzas del instituto y saber qué ocurrió o quién falló para llegar a este extremo, porque en la última reforma de 2001, donde se aprobó el incremento de coutas nos dijeron que el instituto tendría viabilidad 20 años, y no fue así. Entonces, alguien mintió o algo falló y eso queremos saber
, aseveró.
Afectaciones a trabajadores
Norberto López Ponce, investigador del Instituto Superior de Ciencias de la Educación, explicó que la reforma afectará severamente la economía de los trabajadores. Puso de ejemplo el salario de un profesor categoría F-12, con sueldo de 7 mil 517 pesos; si actualmente aporta 640 pesos al Issemym, con la reforma, a partir de enero deberá contribuir con casi mil pesos. En la entidad hay más 40 mil profesores en esa situación.
La iniciativa no sólo contempla aumentar la aportación de los servidores públicos, sino también la de las instituciones que de 4.5 pasa a 10 por ciento del salario de cada trabajador.