De la lucha por la tierra a la defensa
de los territorios bioculturales

Narciso Barrera Bassols*, Carlos del Campo**, Gabriel Hernández García***
*UCCS **Anima Mundi, AC ***ENAH-Cedicar. Los tres, miembros de la Red Temática de Etnoecología y Patrimonio Biocultural del Conacyt.

FOTO: Archivo de proyectos

Las comunidades agrarias, los ejidos y los pueblos indígenas de México están bajo un constante acecho de agentes gubernamentales al servicio de inversionistas nacionales y extranjeros, quienes codician sus tierras y los bienes naturales resguardados en ellas: los valles, las sierras, el agua, el subsuelo, las plantas, los animales y sus genes, la cultura, el conocimiento ancestral y las formas mismas de organización social y política rural. El despojo se torna evidente cuando las comunidades bajo amenaza, divididas y destruidas, comparten sus historias de dolor y resistencia en defensa de sus territorios frente a megaproyectos, el crimen organizado y las políticas públicas.

Para hacer frente a estas situaciones, las comunidades necesitan, entre otras cosas, acercarse a las leyes para conocer sus derechos y obligaciones, aquellos pequeños resquicios abiertos para la defensa y las trampas legales en las que pueden caer. Por tal motivo, las líneas Regiones Bioculturales y Políticas Públicas y Legislación de la Red Temática sobre Etnoecología y Patrimonio Biocultural del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), organizaron un taller sobre Derecho Agrario, Indígena y Ambiental: “Intercambio de experiencias para la defensa del territorio”, los días 17, 18 y 19 de noviembre 2012, en Tlaxco, Tlaxcala. El taller fue dirigido a miembros y representantes de comunidades rurales y pueblos indígenas, así como a investigadores acompañantes y estudiantes.

Los objetivos del taller fueron: (1) familiarizar a los miembros de las comunidades, organizaciones participantes y promotores rurales con elementos básicos sobre el marco jurídico agrario, indígena y ambiental en México, y (2) analizar el impacto de la legislación en el uso, disfrute y cuidado del territorio por medio del estudio de casos vigentes.

Asistieron al encuentro miembros, representantes y autoridades de comunidades provenientes del territorio chinanteco, de la Sierra Norte, de la cuenca del Papaloapan y del territorio huave, distrito de Juchitán, todos ellos de Oaxaca; mè’phàà de la Montaña de Guerrero; hñahñu, de la Sierra de las Cruces, en el Estado de México, y de San Ildefonso Tultepec, en Querétaro; de Cuetzalan en la Sierra Norte de Puebla; tzeltal, de Nuevo Jerusalén, Chiapas; purhépecha de Cherán, y de San Francisco Pichátaro, en Michoacán, así como campesinos de Vicente Guerrero, en Tlaxcala, y de Tlalnehuayocan, en Veracruz. En total asistieron unas 70 personas de diversas regiones y experiencias, mostrando un abanico de la diversidad cultural de nuestro país.

El encuentro fue un espacio de diálogo horizontal entre jóvenes y mayores, mujeres y hombres, indígenas y mestizos, autoridades y expertos. Incluyó a investigadores y estudiantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, del Colegio de Posgraduados, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y de la UNAM.

La red tiene como premisa integrar actores comunitarios de empresas sociales rurales y de la sociedad civil organizada para ampliar el diálogo sobre las condiciones actuales y las perspectivas del complejo sociedad-cultura-naturaleza de nuestro país. En este contexto se invitó al abogado Guadalupe Espinoza Sauceda, integrante de la defensa de los pueblos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, Jalisco, frente a la construcción de la presa El Zapotillo, y quien cuenta con una gran experiencia en derecho agrario e indígena, para dialogar en torno a las leyes y políticas públicas agrarias actuales, y a Francisco Godoy Cortés, abogado y asesor en derecho agrario e indígena en la Cámara de Diputados de la pasada legislatura, para exponer el estado actual del derecho indígena en México, y en particular, sobre el derecho a la consulta previa. También asistió como ponente Lizy Peralta, abogada litigante con experiencia en derechos humanos y derecho ambiental, integrante del Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, AC, en Tlaxcala, para compartir la experiencia de recuperación de derechos de uso de recursos naturales, cuidado de los bienes naturales y culturales y sobre el control del territorio en Santiago Lachigüiri, Oaxaca. Cristóbal López y Nydia Prieto de la Kooperativa Rayenari, de Nuevo León, coordinaron un taller de análisis para la reflexión sistémica de los territorios bioculturales y sus problemáticas. (Teoría para Resolver Problemas de Inventiva, TRIZ).

Durante los tres días, ponentes y participantes compartieron reflexiones sobre el territorio y las condiciones del despojo y sobre las esperanzas y estrategias de resistencia, tratando de deshilar la maraña legal agraria, indígena y ambiental del país.

El territorio biocultural –indígena y campesino– es un espacio habitado en donde confluye esfuerzo, ingenio y el cuidado humano de la naturaleza; además, en él se reproduce la cultura de las comunidades para alimentar, curar, jugar y narrar. Es en el territorio donde se sueña y se siente, en donde se toma conciencia, se crea identidad, se recrean los mitos y la vida ritual que dan el sentido de vida comunitario.

La sola lista de problemas a los cuales se enfrentan las comunidades presentes en el taller sobrepasa la extensión del artículo. Sin embargo, la fuente del dolor profundo, de las muertes, la migración, el exilio, la pérdida de bosques y parcelas, la destrucción de lugares sagrados, de espacios de juego y regocijo; la contaminación del aire, de manantiales, de sierras y valles, tienen todos el mismo origen enraizado en la corrupción para vender y lucrar con maderas, tierras y oro, carreteras de peaje y desarrollo urbano desmedido, con maíz para cerdos, automóviles y agroquímicos, en fin, con políticas neoliberales a favor del gran capital que se espacializan en una lógica de acumulación que favorece el despojo de los territorios indígenas y campesinos.

Los representantes de las comunidades demostraron que se empeñan en reproducir su cultura, tienen coraje y compromiso para la defensa de sus territorios y están conscientes de que hay mucho trabajo por hacer para armonizar, rescatar y vigorizar sus colectividades, ya que las soluciones necesariamente deben salir desde sus fuerzas internas: la identidad cultural, las epistemologías ancestrales y emergentes, la voz de los ancianos, el trabajo comunitario, el uso adecuado de los bienes naturales, la educación autónoma, la asamblea, la reciprocidad y la comunalidad, así como la capacidad de diálogo con otros actores.

En cuanto a los derechos agrarios, se reflexionó sobre la necesidad de fortalecer y delimitar las estructuras de poder y representatividad agraria en los ejidos y las comunidades campesinas. Vigorizar las voces de la asamblea donde se dialoga y se toman decisiones, otorgarle el papel ejecutivo a los integrantes del comisariado y fortalecer al consejo de vigilancia para que las decisiones agrarias de la asamblea sean acatadas.

En materia de derecho indígena y de derechos humanos, se compartieron las nuevas herramientas legales dadas por las resoluciones recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las cuales se establece que los convenios, tratados y pactos en materia de derechos humanos se convierten en ley nacional a nivel constitucional, incluyendo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en donde se plasman los derechos de los pueblos indígenas a la auto-determinación, al territorio y a la consulta previa e informada.

Estos derechos humanos fundamentales de los pueblos indígenas permiten ampliar las estrategias de defensa del territorio, más allá del derecho a la tierra de cada comunidad agraria y de sus miembros formales. Se extiende así el derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas, incluyendo a todos sus integrantes, independientemente de su condición agraria, la cual muchas veces limita la participación de mujeres y jóvenes. La consulta es más amplia que una simple pregunta, un taller, o un ejercicio burocrático o académico, y debe de seguir las formas, los tiempos y en general todas las condiciones determinadas por los mismos pueblos indígenas.

El caso de la comunidad Santiago Lachigüiri, en el estado de Oaxaca, demostró cómo hay maneras de despojo en nombre de la conservación de la naturaleza promovidas por las comisiones nacionales de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y Forestal (Conafor). Esto, debido a las limitaciones al uso y disfrute del territorio y sus bienes naturales, incluyendo la agricultura tradicional de subsistencia. Se revisaron diversos mecanismos de conservación y regulación del territorio, como son los Certificados de Áreas destinadas Voluntariamente a la Conservación (AVC), la cual es una de las categorías de Áreas Naturales Protegidas (ANP) nacionales; los Pagos por Servicios Ambientales (PSA), impulsados por los mercados financieros internacionales “verdes”; los Ordenamientos Ecológicos Territoriales (OTC), y las Unidades de Manejo Ambiental de Vida Silvestre (UMA), que, al combinarse, s se constituyen en vehículo para el despojo en forma de pérdida de soberanía alimentaria, y promover la justificación de otros proyectos extractivos, como son las minas a cielo abierto y las represas generadoras de energía, entre muchos otros. Por más que nos parezca inverosímil, esta combinación de intereses favorece la desposesión y una transformación asimétrica e inducida en el vínculo histórico que se ha tejido en torno al manejo del territorio.

Finalmente, además de la riqueza humana, de las experiencias compartidas y las dudas resueltas, quedó el compromiso de que estos encuentros se sigan recreando en este y otros contextos, en espacios donde los miembros de las comunidades puedan compartir y conocer experiencias de otras regiones del país, de otros territorios, de otros colectivos, además de dialogar con expertos en materia legal, pues todo comunero y toda comunidad debe de conocer sus derechos. Como compromisos quedan, pues, repetir estos talleres para comunidades como intercambios; generar diplomados para abogados, estudiantes y magistrados, redes de defensores y formadores existentes, y crear bibliotecas abiertas de recursos compartidos.

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