Por segunda ocasión en la historia de México se intenta llevar a prisión a ex presidentes de la República (en este caso a los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón), bajo acusaciones de genocidio. En 2002 se presentó la primera denuncia penal relacionada con un supuesto genocidio imputado al también ex presidente Luis Echeverría, por la matanza del 2 de octubre de 1968, misma que prosperó ante la Procuraduría General de la República (PGR), aunque el caso terminó resolviéndose en los tribunales en favor del político priísta.

En esta ocasión, un grupo de académicos, abogados constitucionalistas y economistas egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), además de sindicalistas y luchadores sociales, intentan llevar a los tribunales mexicanos a Fox y a Calderón por presunto genocidio económico (modalidad no prevista en el Código Penal Federal, pero que sí se incluye en tratados internacionales avalados por el Estado mexicano), además de los delitos de traición a la patria y contra la administración pública, estos últimos incluidos en las leyes penales mexicanas.

Los querellantes consideran que durante ambas gestiones panistas los titulares del Poder Ejecutivo Federal depreciaron el salario de los mexicanos 65 por ciento, aumentaron la pobreza alimentaria 40 por ciento e incrementaron la deuda externa 162 por ciento.

Ocho de los denunciantes acudieron hoy a la PGR para ratificar denuncia presentada el pasado 30 de noviembre, la cual ya fue admitida a trámite por la agente del Ministerio Público Federal Flor Juárez Rivera, titular de la segunda mesa de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia.

El litigante Porfirio Martínez González, vocero de la asociación Mexicanos Unidos, que agrupa a profesores, abogados, ingenieros, médicos, sindicalistas, obreros y luchadores sociales de diversas entidades del país –quienes presentaron esta denuncia–, informó ayer que la querella pretende hacer justicia a nombre de millones de mexicanos que quedaron en la pobreza absoluta durante las administraciones panistas que recién concluyeron.

En entrevista con La Jornada refirió que es inaceptable que este asesino de Calderón se vaya tan tranquilo, como si hubiera sembrado flores en el campo; y no es posible que Fox también se quede como si nada cuando avaló varios tratados comerciales que acabaron por empobrecer a millones de mexicanos.

En la querella contra ambos ex presidentes de la República se menciona que en los seis años anteriores el gobierno de Calderón incrementó la deuda externa 162 por ciento, al pasar a 7 billones de pesos.

Dijo que en los pasados 12 año, los gobiernos panistas han pagado solamente por servicios e intereses de la deuda más de 4 billones de pesos, lo cual ha violentado abiertamente lo que dispone el artículo 73 fracción VIII de la Constitución, en cuanto a que la deuda de la nación se debe pagar para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, y que ningún empréstito podrá celebrarse más que para la realización de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos.

Entre los querellantes destacan el doctor en derecho constitucional Raúl Jiménez, y los connotados abogados José Luis Alanís y Lauro Llona Sansón.