La Cámara de Diputados aprobó la minuta que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pero el Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció que cuando el decreto sea publicado en el Diario Oficial de la Federación interpondrá una acción de inconstitucionalidad contra la decisión de que el Senado ratifique a los jefes policiacos adscritos a la Secretaría de Gobernación.

En la sesión de este jueves, el pleno avaló en lo general la minuta, con 423 votos a favor, 38 en contra y cuatro abstenciones, una vez que por acuerdo de todos los grupos se dispensó la totalidad de los trámites legislativos.

Enseguida se sometió a consideración del pleno en lo particular la fracción 16 y el último párrafo del artículo 27 de la citada ley, relativos al nombramiento del comisionado nacional de seguridad y del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que son atribución del Ejecutivo, pero quedaron sujetos a ratificación del Senado.

Dicho artículo fue aprobado por 228 votos a favor de PAN y PRD, 38 en contra del Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, mientras 195 diputados del PRI se abstuvieron.

Al definir la postura de su bancada, el coordinador priísta, Manlio Fabio Beltrones, dijo que se votó en favor de la minuta en lo general para que el presidente Enrique Peña Nieto cuente con una nueva estructura en el acomodo del gabinete, pero que se interpondrá la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ésta resuelva en definitiva el diferendo con quienes dispusieron que la ley diera estas facultades al Legislativo para compartirlas con el Ejecutivo.

El coordinador priísta dijo confiar en que la decisión de los ministros confirme la atribución exclusiva del Presidente de designar y remover libremente funcionarios, y planteó que si el Senado quiere que otro poder intervenga en esos nombramientos, que se presente una iniciativa para reformar la Constitución.

Agregó que la bancada priísta por sí misma cuenta con diputados suficientes para interponer el recurso que, aclaró, no se trata de una controversia, porque no existe un conflicto entre dos poderes de la Unión, sino un razonamiento de inconstitucionalidad e intervención del Legislativo en las atribuciones del Ejecutivo.

La división de poderes faculta al Presidente nombrar y remover con libertad a los funcionarios de su gobierno, afirmó.

En la discusión de la minuta, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, anticipó que si el PRI presenta el recurso, es casi seguro que la Corte la admita y resuelva en favor del Ejecutivo, igual que lo hizo cuando el Senado decidió incluir en la Ley de Telecomunicaciones la atribución de los senadores de ratificar el nombramiento de los servidores públicos de los órganos de regulación del sector.

Si lo que se quiere es el control sobre los personajes que dirigirán la política policiaca desde Gobernación, dijo, que el Senado modifique la Constitución para establecer en el artículo 89 la ratificación de nombramientos en materia de seguridad pública.

¿Para qué nos esperamos a que la Corte nos enmiende la plana, si podemos resolverlo?

El diputado panista Rubén Camarillo expuso que si tricolor va a una controversia y es acompañado por PVEM y Nueva Alianza, demostrarán un exceso: votan a favor de esta ley para darle a Peña Nieto esta reforma; lo hacen con la derecha, y con la izquierda se van a la Corte.