Familiares de desaparecidos acudieron a la Secretaría de Gobernación (SG) con el fin de solicitar a las nuevas autoridades atención eficiente para la localización de sus seres queridos, para lo cual debieron esperar varias horas en la calle.

Desde temprano fue instalado en la dependencia un fuerte dispositivo de seguridad –a cargo del Estado Mayor Presidencial, la Policía Federal y el Servicio Secreto de Estados Unidos– debido a la visita de Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Nacional del país vecino.

Exactamente al mismo tiempo que los familiares pedían audiencia con el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, llegaba a Bucareli un convoy de una decena de camionetas, en una de las cuales era transportada la funcionaria estadunidense. Era imposible para reporteros, e incluso funcionarios, acercarse al Palacio de Cobián.

Personal de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación salió a la calle de Abraham González para ofrecer explicaciones, porque, aseguraron a los familiares de los desaparecidos, tenemos sus expedientes, sabemos de sus casos, pero en este momento no es posible ingresar adonde está la subsecretaria (Lía Limón). Sabemos que no podemos pedirles paciencia y sentimos su problemática, pero en este momento no es posible (atenderlos).

Les plantearon también esperar a las seis de la tarde (eran las 14 horas) para ser escuchados por el director de la unidad de gobierno, David Garay Maldonado.

No obstante, ese camino, de ir de abajo hacia arriba en las jerarquías burocráticas, ya lo conocen a la perfección los familiares, quienes se dijeron sorprendidos porque en Gobernación no les permitieron ingresar por lo menos al baño.

Advirtieron que no se retirarían hasta ser atendidos y, de lo contrario, iniciarían nuevamente una huelga de hambre, como la que hicieron tres mujeres en los últimos días del sexenio anterior.

Entre ellas está de regreso en Bucareli la señora Margarita, madre de Yahaira Guadalupe Bahena López, levantada en Oaxaca. Queremos ver cómo van nuestros casos porque, lejos de avanzar, están en retroceso. ¡En la PGR quieren que les comentemos las cosas por teléfono!, lamentó.

Otros casos son los de Carlos Palomares Maldonado, desaparecido en septiembre de 2010; Gabriela Arlen Benítez Ibarra, de 17 años, asesinada en Jalapa, y Gabriela Sánchez, desplazada por amenazas en Jalisco.

También exigen justicia por el asesinato de Edmundo Mota Álvarez, quien fue director de la preparatoria oficial 115 de Ecatepec.

A continuación un extracto del testimonio de Jaime Olivares Cruz, padre de Juan Eduardo, quien fue levantado por criminales en septiembre de 2011, en una terminal de autobuses:

“Yo, con mis propios recursos, integré un expediente de la investigación que hice acerca de los hechos en que se llevaron a mi hijo; les entregué un video de una hora con 15 minutos, así como los nombres y lugares de donde se hallaban los delincuentes.

“Pagué 70 mil pesos para que me dieran toda la información (por medio de instancias particulares) de las llamadas hechas desde el Blackberry de mi hijo; en una semana localicé direcciones, se las di a la Marina, al Ejército, hicieron operativos; en un domicilio y encontraron droga.

“Les di toda la información y no hicieron absolutamente nada en Tamaulipas; me traje el caso para acá. Toqué puertas hasta que me atendieron y actualmente esos teléfonos que yo di son con los que supuestamente está trabajando la Policía Federal, la que de forma fortuita detuvo a uno de los que se llevaron a mi hijo, pero no han podido hacer que declare que porque no lo pueden obligar.

No han hecho nada en año y medio y yo, en un mes, recabé toda la información, con mi esposa, arriesgando la vida. El Ministerio Público fue a los lugares donde hicimos las investigaciones con los datos que les dimos porque ellos no han hecho nada. Nada.