l próximo primero de enero se cumplirán 18 años del levantamiento armado protagonizado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Un país que se encontraba en el umbral del ingreso a la modernidad se sorprendía de que miles de insurgentes, mayoritariamente indígenas, hubieran tomado las armas, como último recurso, para luchar por una mejor vida para los pueblos indígenas y para el país.

La movilización de miles de mexicanos obligó al Estado a negociar con los insurgentes una solución digna y justa. Después de más de dos años de intensas negociaciones, se logró concretar el primer acuerdo entre el gobierno federal y el EZLN en materia de derechos y cultura indígenas, el cual fue firmado el 16 de febrero de 1996 en el municipio de San Andrés Larráinzar, en Chiapas.

Cuando se intentó que dicho acuerdo fuera trasladado al marco normativo mexicano, mediante una iniciativa de ley elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), la reacción del Estado fue brutal, cínica y descarnada. La iniciativa contenía los postulados textuales más importantes del acuerdo firmado por el gobierno federal y el EZLN; no había un solo concepto que no hubiera sido convenido por las partes.

La reacción del EZLN frente a la iniciativa elaborada por la Cocopa fue de aceptación, y la de las autoridades fue de escándalo e hipocresía. El presidente de la República y los grupos de poder económico del país no tuvieron reparo en acusar a la Cocopa y al EZLN de querer balcanizar, dividir y fragmentar al país. Quienes hicieron estas acusaciones son los mismos que concesionaron 25 millones de hectáreas a las compañías mineras extranjeras y nacionales, las cuales entre 2005 y 2010 extrajeron recursos minerales por un valor de 552 mil millones de pesos y sólo pagaron 6 mil 500 millones de pesos por derechos, es decir, 1.18 por ciento.

En 2002, después de una exitosa marcha zapatista por diferentes partes del país, el entonces presidente Vicente Fox turnó la iniciativa de ley al Congreso de la Unión, vía el Senado de la República, donde fue desmantelada y en su lugar aprobaron un bodrio legislativo, cuya premisa principal planteaba que sería la ruta para sacar del atraso y la marginación a los pueblos indígenas mexicanos. Se planteaba que el tema del atraso y la marginación en materia indígena era un asunto de programas y apoyos oficiales, no del ejercicio pleno de los derechos constitucionales, negándose así a cumplir lo pactado en San Andrés Larráinzar.

A más de 10 años de que las instituciones mexicanas prometieron a los indígenas el ingreso al paraíso, a cambio de negarse a cumplir lo acordado entre el EZLN y el gobierno federal, la realidad da la razón a los zapatistas y evidencia el mayor de los fracasos del Estado.

Entre 2002 y 2012, el gasto federal anual hacia los pueblos indígenas pasó de 16 mil 663 millones a 39 mil 54 millones de pesos. Sin embargo, los datos de pobreza y marginalidad de las propias dependencias oficiales no expresan ningún impacto en la reducción de la pobreza indígena; por el contrario, ésta se incrementa, y cada vez en forma más ofensiva para una nación donde desde 1917 todos los gobiernos han reconocido declarativamente de diferentes formas la deuda de México con sus indios y están preocupados por acabar con la injusticia que padecen.

De acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la encuesta sobre ingreso y gasto de 2010, mientras el promedio nacional de pobreza extrema y moderada es de 46.2 por ciento, en las comunidades y pueblos indígenas es de 79.3, es decir, casi el doble. Ocho de cada 10 indígenas no han tenido acceso a la tierra prometida que el Estado mexicano les ofreció a cambio de no cumplir lo pactado en San Andrés Larráinzar.

Con datos del Coneval, 80.3 por ciento de los indígenas están por debajo de la línea de bienestar, 83.5 por ciento no tienen acceso a la seguridad social, 50.6 no cuentan con servicios básicos en su vivienda y 40.5 tienen carencia en materia alimentaria. Por ello, decimos que en materia indígena no fracasó una política pública, sino el liderazgo del Estado; la política hacia los indígenas ha sido de paliativos, porque carece de una visión articulada y vínculos con cambios estructurales, tal y como se contempla en los acuerdos de San Andrés Larráinzar.

Después del incumplimiento gubernamental, el EZLN decidió una estrategia de resistencia, fortaleciendo su organización mediante la creación de las juntas de buen gobierno, el trabajo colectivo y la solidaridad comunitaria. En silencio, alejados de la propaganda, han caminado durante los últimos años. Algunas personas despistadas, o aquellos que han apostado a que el conflicto desaparezca o se olvide, difunden rumores o tratan de confundir, argumentando que el EZLN ya no es problema, dado que, desde su óptica, si los zapatistas ya no son noticia, no existen.

Los datos aquí expresados, que muestran el fracaso gubernamental hacia ese sector de la población, deberían hacer entender a las élites mexicanas que hasta el silencio es una forma de lucha y que nada tiene que ver con una supuesta debilidad, en este caso del EZLN. Por el contrario, mientras el dispendio y el fracaso han sido sinónimos de las políticas públicas, la organización, el trabajo y la disciplina son lo que ha distinguido al zapatismo en esta etapa.

Los zapatistas viven, se organizan y trabajan en una realidad de grandes carencias materiales, que suplen con creatividad y dedicación. Tienen objetivos claros que trascienden generaciones; sus argumentos han sido irrefutables, la vitalidad y consistencia de sus convicciones han sido una escuela de vida para miles de mexicanos. Un abrazo con cariño para todos los zapatistas que allá, en sus comunidades, luchan todos los días por construir un mejor futuro para nuestro país. Como dicen por ahí: ¡no están solos!