stimado Emilio Chuayffet, suena bien eso de reafirmar la rectoría del Estado en la política educativa nacional, y también dar autonomía de gestión a cada una de las escuelas.
Si en algo estamos todos de acuerdo es en que el Estado ha perdido esa rectoría y más, en que la enseñanza pública de México está en una situación lamentable. No sólo porque el sistema educativo ha sido un botín de mafias sindicales, sino también por la corrupción de funcionarios y porque garantizar una enseñanza como bien público ha dejado de ser del interés de las más altas autoridades y de los secretarios del sector, en ámbitos tanto federal como estatales.
Leyendo el segundo párrafo del artículo tercero de nuestra Constitución tuve que controlar la risa, porque frente a lo que hoy observamos en las escuelas de nuestras comunidades, resulta grotesco: artículo 3º, segundo párrafo: La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia
. ¿Derechos humanos? ¿Solidaridad? ¿Justicia? ¡Ja, ja, ja, ja! Decía Nietzsche que el hombre sufre tan terriblemente en el mundo que se ha visto obligado a inventar la risa.
Porque lo que vemos en las escuelas de las zonas marginadas son niños sentados en salones sin equipamiento ni instalaciones higiénicas, telesecundarias rurales donde hace años que no llega la señal satelital, materiales didácticos desgastados. La mayoría de docentes están abandonados a su suerte; a veces tienen que subir a comunidades distantes para convencer a los padres de familia de que vale la pena que sus hijos asistan a la escuela, cuando ellos mismos tienen mínimas condiciones laborales y pocas oportunidades reales para actualizarse, porque cubren jornadas largas o dobles, incluyendo tareas domésticas y comunitarias. Hay también muchas niñas y niños abandonados que llegan sin desayunar y no tienen quien vaya por ellos a la escuela, porque los padres emigraron o porque trabajan en horarios más amplios que los escolares. En las primarias, 8 por ciento sufren maltrato y abuso sexual, y en las secundarias el maltrato es casi 20 por ciento (IFE, 2012). En niveles superiores, la protesta social ha sido criminalizada, y en preparatorias, normales y universidades no se gestionan las diferencias; la reacción violenta del pasado 1º de diciembre a la protesta de los estudiantes del #132 es realmente vergonzosa.
Efectivamente, como usted afirma, la estructura de la SEP es muy vertical. Obedecer a la autoridad es casi una regla militar; a las escuelas llegan órdenes del centro que poco tienen que ver con las necesidades del aula. Hay hostigamiento, acoso sexual e influyentismo, se desatienden las clases para el uso electoral del docente a condición de sostener el empleo. Indigna que los funcionarios se gasten millones en ceremonias ostentosas y monumentos inútiles.
Así como están mal los niveles alcanzados en las áreas académicas de ciencias, matemáticas, español, etcétera, quiero hablarle de la educación sexual, área crucial para que niñas, niños y adolescentes sean respetados y cuenten con elementos para desarrollarse y cumplir sus sueños en el futuro.
El currículum de educación sexual es de avanzada desde tiempos de Miguel Limón Rojas, en que se incorporó una visión integral, se añadieron los derechos humanos y la perspectiva de género desde la primaria, además de que se diseñó la asignatura de educación cívica y ética; fue cuando los derechos sexuales pasaron a formar parte del estudio de las garantías fundamentales y de la formación ciudadana. Desde entonces ha faltado voluntad política y más bien se dieron pasos atrás. Marta Sahagún impulsó una guía para padres que parecía escrita por los jerarcas eclesiales; en 2008, con ocasión de la Conferencia Mundial sobre el Sida, realizada en México, Josefina Vázquez Mota –entonces titular de la SEP– impulsó la declaración Prevenir con Educación para jalar reflectores internacionales mientras difundía un libro del Opus Dei que desvirtuaba la información científica; después el sector salud censuró la Cartilla del adolescente porque promovía el uso del condón y de la anticoncepción de emergencia. El retroceso está ya documentado: de 1997 a 2006 declinó 5 puntos porcentuales el uso de anticonceptivos entre adolescentes, aumentaron 2 por ciento las madres menores de 18 años y se duplicó la tasa de aborto en jóvenes de 15 a 24 años (Fátima Juárez, Colmex, 2012).
El cambio requerido es colosal. Hay que cambiar la cultura institucional y no controlar, sino dignificar la labor del magisterio; no sólo hay que recuperar la rectoría de la educación que ha estado en manos del SNTE, sino evitar que la tomen la Iglesia católica o los empresarios. Ojala que esta reforma sea más que un cambio de mando o una muestra de fuerza, porque es inadmisible que los niños sigan siendo un mercado de conciencias y de alimentos chatarra.
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