Monterrey, NL. La Comisión de Justicia y Seguridad del Congreso local aprobó un dictamen de reformas a la Ley de Seguridad Pública del estado, que regula la seguridad personal de ex gobernadores, procuradores, secretarios generales de gobierno y alcaldes, quienes contarán con escoltas seis años posteriores a sus mandato, al igual que sus esposas e hijos. Los ediles gozarían de ese beneficio tres años. Los magistrados del Poder Judicial serán apoyados con este personal dos años. Los periodos podrán ampliarse por seguridad.