La campaña para la derogación del artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal (perturbación de la paz pública) lejos de ser una estrategia jurídica pretende hacer presión política, reconoció Claudio González, del Comité Jurídico del movimiento #YoSoy132. Con ello se busca lograr que se permute el delito por el que se les acusa a los 14 detenidos durante los disturbios del primero de diciembre.

El delito que los integrantes del movimiento estudiantil buscan que se suprima impone una pena de cinco hasta 30 años de prisión a quienes perturben la paz pública o menoscaben la autoridad del gobierno capitalino. El colectivo afirma, en la convocatoria para dicho plan publicado en su página de Internet, que podría llevar por lo menos cinco meses excarcelar a los imputados, y de acuerdo con González jurídicamente es el tiempo que tardan en determinar una sentencia después de desahogar pruebas.

Implantan pruebas

El activista dijo que el proceso no ha sido transparente ni legal. Puso como ejemplo la detención de Rita Neri Moctezuma, a quien le implantaron pruebas, como un martillo en su mochila, además de que desde el principio no tuvieron una defensa adecuada.

Sostuvo que diversas organizaciones, como el Comité Cerezo, están brindando apoyo sicológico a los detenidos y sus familiares. Mientras que Miguel Méndez, de la Liga de Abogados Primero de Diciembre, denunció que la Dirección del Reclusorio Norte, donde se encuentran recluidos 12 de los inculpados, debió haber puesto a disposición la asistencia sicológica y así como de trabajadores sociales, pero hasta el momento no lo ha hecho.

El abogado informó que la liga lleva 13 casos, pues la familia de Bryan Reyes Rodríguez optó por la defensa con un abogado de oficio. De acuerdo con Miguel Méndez, el joven de 26 años y ex alumno de la Escuela Nacional de Música es acusado, igual que los demás, de ataques a la vía pública con el agravante de cometerlo en pandilla.

Por la tarde, familiares de algunos de los detenidos y de quienes ya fueron liberados asistieron a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para una reunión informativa.

(Con información de Blanca Juárez)