El Comité Ejecutivo Nacional Democrático (CEND) del sindicato magisterial advirtió al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Emilio Chuayffet Chemor, que no habrá cárceles suficientes para meter a todos los maestros que no se presentarán a las evaluaciones. La ausencia de los docentes hará pedazos la obligatoriedad que se pretende establecer con la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto, sostuvo.

A su vez, el magisterio disidente anunció que envió a la Cámara de Diputados una propuesta alternativa para la restructuración del presupuesto del ramo ante el desastre educativo que se expresa en que más de 40 millones de mexicanos no han terminado la educación básica; 9.7 millones de niños y adolescentes, de tres hasta 17 años, están fuera de la escuela, y 43 mil niñas abandonan la primaria antes de concluir el sexto grado.

En conferencia de prensa, el secretario general del CEND, Artemio Ortiz Hurtado, señaló que el gobierno federal y Elba Esther Gordillo nuevamente se han puesto de acuerdo para seguir sometiendo a los trabajadores de la educación, razón por la cual ya se le otorgó la toma de nota y se reconoció el nuevo estatuto del sindicato emanado del sexto congreso nacional extraordinario, por el que se creó una figura ex profeso para que la lideresa continuara al frente del gremio seis años más.

Acerca del proyecto de decreto por el que el gobierno federal busca que se reformen los artículos tercero y 73 de la Constitución para hacer obligatoria y punitiva la evaluación a los docentes, destacó que se pretende convertir la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) –firmada por el entonces presidente Felipe Calderón y Elba Esther Gordillo– en ley.

Esto, porque la ACE contiene las mismos planteamientos que la propuesta de Peña Nieto, muchos de los cuales están vigentes desde el sexenio anterior, como el concurso de plazas docentes, el programa de escuelas de tiempo completo y el censo de alumnos, escuelas y maestros.

Al recordar la masacre de Acteal en 1997, que obligó al actual titular de la SEP a dejar su responsabilidad en la Secretaría de Gobernación, expresó que parece ser que ahora Chuayffet pretende masacrar la educación pública convirtiendo lo ilegal en legal.

En la propuesta enviada a los legisladores, el CEND demanda la restructuración del presupuesto y la cancelación de los programas de la ACE, pues las prioridades en el sistema son otras: es urgente reconstruir 50 mil aulas –muchas de ellas están hechas con palos–, edificar 46 mil 700 escuelas unitarias y crear mil 800 laboratorios en secundarias, además de que hacen falta 33 mil escuelas de ese nivel, apuntó.

Por su parte, el líder histórico de la disidencia, José González Figueroa, expresó que las sanciones de las que habla Chuayffet tienen un destinatario bien definido: en este caso, aquellos que rechazan esas políticas. Por eso es que la reforma educativa coadyuva con Gordillo en su viejo anhelo de eliminar del sistema educativo a los profesores que se han rebelado contra las prácticas caciquiles y de corrupción de la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), consideró.