ras 10 días de negociaciones, la coalición gobernante en Cataluña, Convergència i Unió (CiU), y la opositora Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), principales formaciones del nacionalismo catalán, alcanzaron ayer un acuerdo para llevar a cabo un referendo sobre la soberanía de Cataluña en un plazo no mayor a dos años. En lo inmediato, el pacto permitirá que el presidente de la Generalitat (gobierno regional catalán), Artur Mas, pueda mantenerse en el cargo durante los próximos cuatro años, luego del descalabro sufrido en las elecciones anticipadas de noviembre pasado, en las que CiU perdió 12 escaños en el órgano legislativo regional y experimentó un severo revés en los planes de Mas de convertir los comicios en una suerte de referendo anticipado para aprobar su plan soberanista.

El acuerdo resulta inusitado porque está respaldado por dos partidos antagónicos, CiU y ERC, ubicados en las antípodas del espectro político catalán –la derecha y la centroizquierda, respectivamente–, con visiones programáticas distintas y hasta irreconciliables en lo que se refiere a la conducción de la política económica y el manejo de la crisis que enfrenta el viejo continente, y cuyo único punto en común parece ser, precisamente, la pretensión de que Cataluña se constituya en un Estado independiente.

Sin embargo, en la circunstancia actual, si algo ha facilitado el acercamiento entre CiU y ERC ha sido la postura irreductible e intransigente del gobierno de Madrid frente a las reivindicaciones de las distintas nacionalidades que integran el estado español, particularmente la catalana.

Es significativo que el acuerdo alcanzado ayer por los partidos encabezados por Artur Mas y Oriol Junqueras se dé en el contexto del repudio de la sociedad catalana al proyecto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa elaborado por el ministro español de Educación, José Ignacio Wert, quien pretende relegar las llamadas lenguas cooficiales, como el catalán, a nivel de asignatura de especialidad, busca favorecer la enseñanza en castellano mediante la subvención de lugares en escuelas privadas y ha abierto un nuevo frente de confrontación entre la institucionalidad española y la catalana ante lo que se percibe como un atentado de la primera contra la lengua y la cultura de esa región.

El rechazo a la ley Wert –expresado el pasado lunes con una multitudinaria marcha en Barcelona– se ha visto reflejado incluso entre el conjunto de los partidos políticos de la comunidad autonómica, los cuales –con excepción del Partido Popular– apoyaron ayer la solicitud de Mas de suscribir un pacto de insumisión en caso de que el gobierno de Mariano Rajoy no se comprometa a respetar el modelo actual de enseñanza en Cataluña.

Ocurra lo que ocurra con los acuerdos suscritos entre las principales fuerzas soberanistas catalanas y al margen del éxito o el fracaso que pueda tener el anunciado referendo por la independencia de la región, la circunstancia descrita es indicativa de un resquebrajamiento en la unidad del Estado español, de por sí maltrecho a consecuencia de la crisis económica y del castigo injustificable a que ha sido sometida su población por indicaciones de la llamada troika europea. La cerrazón españolista y centralista del gobierno de Rajoy, en suma, equivale a echar gasolina al fuego del descontento social y alimenta el riesgo de que éste crezca y se traduzca en una proliferación de regionalismos y separatismos, y termine por hacer inviable la convivencia institucional entre los pueblos de la península.