Los megaproyectos de energía renovable se desarrollan en México a partir de la violación de los derechos de los pueblos indígenas. Una muestra de ellos es lo que sucede en San Dionisio del Mar, Oaxaca, donde la empresa Mareña Renovables prevé establecer un parque eólico, sin consultar a la población, por lo que los comuneros acaban de obtener una suspensión provisional del proyecto por parte de un juzgado de Salina Cruz, explicaron representantes de los afectados.

Casi todos los megaproyectos en México violan los derechos de los pueblos indígenas y hay que recordar que los tratados internacionales ya son parte de la Constitución. Con base en las reformas en materia de derechos humanos, los pueblos tienen derecho a existir, al territorio y a la consulta, dijo Francisco López Bárcenas, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos.

La suspensión provisional que los comuneros obtuvieron el pasado 4 de diciembre por del juez séptimo de distrito con sede en Salina Cruz, destaca que la empresa y las autoridades están fuera de la ley, porque no se respetó el derecho de la propiedad comunal ni tampoco el de la consulta al pueblo indígena huave, agregó.

En el istmo, 14 proyectos

La compañía Mareña Renovables planea establecer 132 aerogeneradores de tres megavatios y cinco muelles de atraque para barcazas, un cable sublagunar que conectará San Dionisio con Santa María del Mar para trasladar la energía, y dos subestaciones eléctricas en la barra de Santa Teresa –que se encuentra en la comunidad de San Dionisio–.

En el istmo de Tehuantepec hay 14 proyectos con mil 400 aerogeneradores y hay otros cinco parques en construcción, detalló Bettina Cruz. representante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio. Explicó que la principal irregularidad es que no hubo consulta previa con la comunidad indígena, y así se busca despojar al pueblo de la tierra, de mil 643 hectáreas de uso común.

La empresa obtuvo autorizaciones de dependencias, incluido el aval a la manifestación de impacto ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a pesar de que se trata de un sitio catalogado como área prioritaria marítima.

Isaul Celaya, de la Asamblea general de Pueblos de San Dionisio del Mar, detalló que varias veces los comuneros que se oponen al proyecto han sufrido hostigamiento y también han sido agredidos, por lo que temen que se emprenda una acción en su contra.

El desarrollo de proyectos de energía renovable sustentable, debe considerar el respeto a los derechos de las comunidades, no se pueden hacer sin la consulta a la que tienen derecho los pueblos indígenas, y además así lo marca la Constitución, sostuvo Andrea Cerami, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Los permisos que se otorgaron al proyecto son nulos, porque no se respetó el marco legal y además este tipo de planes también deben beneficiar a las comunidades, agregó.