En una decisión inusualmente rápida, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) autorizó al presidente Enrique Peña Nieto que promulgue la ley general de víctimas, cuya entrada en vigor estuvo congelada desde el 19 de julio pasado, a partir de una controversia constitucional que presentó el entonces presidente Felipe Calderón.

Cinco días después de que el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos, entregó a la SCJN el desestimiento de la acción legal que promovió el gobierno de Calderón, el ministro instructor de la controversia, Sergio Valls, resolvió ayer, mediante un acuerdo, atender la solicitud a tres días de que se inicien las vacaciones en el tribunal.

Pese a que fuentes judiciales habían afirmado que una petición de este tipo tenía que seguir un procedimiento interno que llevaría varias semanas para que el ministro instructor elaborara un proyecto sobre la procedencia del desistimiento, y que luego la sala de la Corte a la que estuviera adscrito (en este caso la segunda sala) discutiera el tema en sesión pública. Valls apuró el trámite y emitió el acuerdo este lunes.

En su escrito, sostiene que la única condición para que no procediera el desestimiento era que el asunto no tuviera que ver con una ley y que el funcionario que realizara el trámite estuviera legalmente acreditado para ello. Fuentes judiciales confiaron que lo tenía que resolver la sala porque era un planteamiento insólito.

La ley reconoce como víctimas directas a aquellos ciudadanos que hayan sufrido algún daño o menoscabo como consecuencia de la comisión de un delito o de violaciones a sus derechos humanos, así como las personas o familiares a su cargo que tengan relación inmediata con ellas, además del derecho de las víctimas a una justicia efectiva que garantice la reparación del daño.