El gobierno de Enrique Peña Nieto determinó un recorte de 5 por ciento a los sueldos y salarios de los mandos medios y superiores de la administración pública federal, así como congelar cualquier contratación de personal eventual o por honorarios.

La medida, que entrará en vigor a partir de 2013, afectará a más de 71 mil 800 servidores públicos que cuentan con un puesto de trabajo incluido en la definición de mandos medios y superiores.

Hasta este año, esos mandos costaban al erario, según información de la Secretaría de Hacienda, más de 48 mil 460.5 millones de pesos, con lo que el ahorro impulsado rondaría los 2 mil 423 millones.

En 2010 el gobierno de Felipe Calderón instrumentó el Programa Nacional de Reducción del Gasto Público, con el objetivo de disminuir en por lo menos 40 mil 100 millones de pesos los gastos de la administración pública federal. Hasta mediados de 2012, según la Secretaría de Hacienda, la baja en el gasto gubernamental fue de 3 mil 397 millones de pesos, que sumados a los 43 mil 512 millones ahorrados entre 2010 y 2011 alcanzaron 46 mil 909 millones de pesos.

Este lunes la Secretaría de Hacienda sorprendió con la publicación de un decreto donde se establecen las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos, y de las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la administración.

Representa un amplio programa de austeridad en el que se disminuirán gastos operativos, se reducirá el uso del papel, desaparecerán fideicomisos instituidos con recursos públicos, se realizarán videoconferencias para evitar viajes de funcionarios, se prohíbe la adquisición de inmuebles, construcción o adecuación, salvo causa justificada de costo-beneficio, se replantearán las pólizas de seguros y, entre otras medidas, se venderán bienes improductivos u obsoletos, ociosos o innecesarios.

Entre los considerandos utilizados para justificar la medida, la Secretaría de Hacienda menciona la exigencia de la población sobre el uso responsable y transparente de los recursos públicos y la obligación del gobierno para hacerlo, además de rendir cuentas puntualmente sobre el uso de los recursos económicos, particularmente en la transparencia en el manejo de subsidios, apoyos y ayudas; eliminar programas que no sean eficaces, eficientes o que presenten duplicidades con otros, así como establecer medidas de ahorro y austeridad en el gasto de operación de las dependencias y entidades.

De igual forma se refiere a que es la firme decisión de la presente administración reorientar los recursos públicos hacia los programas que fomenten el desarrollo económico, la seguridad social, la educación y la atención integral de los problemas que más aquejan a nuestro país.

Por eso, instruye a las dependencias de la administración pública federal, incluyendo a sus órganos administrativos desconcentrados y a la Presidencia de la República y la Procuraduría General de la República y entidades paraestatales, a elaborar un diagnóstico sobre la estructura orgánica con la que cuentan, sus procesos internos y el gasto de operación, incluyendo aquellos que se realizan en funciones sustantivas y administrativas. Este diagnóstico deberá ser entregado a más tardar el último día hábil de abril.

Concretamente el gobierno federal pretende, a mediano plazo, ajustar las estructuras orgánicas de las dependencias y entidades, de acuerdo con sus atribuciones para el óptimo cumplimiento de los objetivos y metas.