Seguidores y opositores del presidente egipcio convocan a marchas
Lunes 10 de diciembre de 2012, p. 29
El Cairo, 9 de diciembre. La principal coalición de la oposición egipcia, el Frente de Salvación Nacional (FSN), consideró insuficiente la decisión del presidente islamita Mohamed Mursi de anular el decreto que amplió sus facultades y criticó la decisión del mandatario de mantener la convocatoria para el 15 de diciembre a un referendo constitucional, por lo que el movimiento llamó a manifestarse el próximo martes.
No reconocemos el proyecto de Constitución, porque no representa al pueblo egipcio
, declaró a la prensa Sameh Ashur, vocero del FSN.
Ashur se pronunció tras una reunión en la que la coalición debe decidir su respuesta a la decisión presidencial de mantener el referendo y anular un decreto que otorgaba mayores poderes a Mursi.
El frente llama a manifestarse el martes en la capital y en las provincias, en señal de rechazo a la decisión del presidente, contraria a sus reivindicaciones legítimas
, explicó Ashur.
Cientos de opositores marcharon la noche de este domingo hacia el palacio presidencial Al Ethadeys, en la periferia de El Cairo, para mostrar su rechazo al referendo.
Los movimientos islamitas, incluida la Hermandad Musulmana, partido religioso que llevó a Mursi al poder, respondieron con otra convocatoria, también para el martes, a una manifestación de apoyo al referendo.
Para intentar salir de una grave crisis política, Mursi anuló el sábado el decreto del 22 de noviembre con el que amplió sus poderes y los colocó por encima de cualquier recurso de la justicia. Sin embargo, mantuvo la decisión de someter a referendo el proyecto de constitución para el 15 de diciembre, redactado por una comisión dominada por sus correligionarios.
La Hermandad Musulmana llamó a la oposición a aceptar el veredicto del referendo.
Los islamitas consideran que el referendo sellará una transición democrática que comenzó cuando un levantamiento popular derrocó a Hosni Mubarak en febrero de 2011 tras 30 años de gobierno.
La oposición estima que el proyecto actual abre la vía a una fuerte islamización de la legislación y no brinda garantías sobre las libertades, en particular las de expresión y religión.