a entrega de los planteles de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) por parte del Consejo Estudiantil de Lucha –acordada en sesión del tercer Consejo Universitario el pasado jueves y consumada ayer, con excepción de las oficinas de la rectoría y la sede administrativa– constituye un paso fundamental para la reactivación de la vida académica en esa casa de estudios y para la solución del conflicto que enfrenta desde hace más de tres meses.
Es particularmente positivo que dicho paso se haya conseguido como consecuencia del diálogo y de la mediación política, y no como resultado de un desalojo policiaco ni del uso de la violencia, como reclamaron en reiteradas ocasiones sectores afines a la rectoría y representantes de la derecha. Semejante perspectiva no sólo hubiera implicado una vulneración mayúscula a la autonomía de la casa de estudios capitalina, sino también habría acentuado las tensiones entre los integrantes de la comunidad universitaria hasta un punto de no retorno, y habría dado al traste con un proceso de negociación caracterizado por los buenos oficios del gobierno y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en calidad de intermediarios, así como por el acompañamiento puntual de la comisión de derechos humanos de la capital.
Los estudiantes paristas, por su parte, desmienten con esta acción los intentos de la rectoría encabezada por Esther Orozco por presentarlos como una fracción particularmente belicosa e intransigente, y envían, con la decisión de liberar los planteles tomados, un gesto de distensión al conjunto de sus compañeros y a las propias autoridades universitarias.
Ahora bien, la entrega de los planteles permite, en lo inmediato, la reanudación de las clases en la UACM, pero mantiene intacto el principal foco de conflicto en la casa de estudios capitalina: el rechazo mayoritario de la comunidad universitaria al rectorado de Esther Orozco, como quedó expresado en la composición del tercer Consejo Universitario desconocido por la funcionaria. Lo cierto es que, sin el reconocimiento de ese órgano de gobierno en composición original –es decir, aquella que emanó de los comicios internos en la UACM, en julio de este año–, difícilmente podrán sentarse las bases para una solución definitiva al conflicto en la institución, y ésta permanecerá inmersa en un indeseable contexto de confrontación entre los bandos en pugna. Por lo pronto, los intentos sistemáticos de la rectoría por torpedear la operación de un consejo que incluya a sus opositores han gestado un ambiente de desconfianza generalizada, que explica la decisión de no devolver las oficinas administrativas hasta en tanto no haya garantías de que Orozco reconocerá al máximo órgano de gobierno universitario y sesionará con él, y que no emprenderá acciones legales contra los participantes en el paro.
En un entorno de pleno respeto a la legalidad, a la autonomía universitaria y a los principios democráticos, ese condicionamiento ni siquiera tendría lugar. Por desgracia, en el caso de la UACM, la propia rectora Orozco ha fallado en su tarea de salvaguardar tales principios al interior de la comunidad que encabeza y se ha erigido en bando beligerante y en factor de tensión y división. La persistencia de esas actitudes en la hora presente sería un error político mayúsculo que amenazaría con volver a atizar el conflicto y postergar indefinidamente su solución. Es necesario que Orozco permita la recuperación plena del orden institucional dentro de la casa de estudios.
