En 2011 murieron 971 mujeres por causas relacionadas con la maternidad; la mitad estaban afiliadas al Seguro Popular; sólo 12 por ciento no asistió a control prenatal en los servicios de salud y 67 por ciento tuvo la atención de un médico durante el parto. La causa de los decesos puede ser por dos razones: llegaron tarde a los hospitales o no recibieron la atención médica de calidad que requerían, aseguró el Observatorio de Mortalidad Materna (OMM).

En conferencia de prensa, integrantes del organismo civil resaltaron que en 2009, las instituciones del sector salud suscribieron un convenio de colaboración para la atención de la emergencia obstétrica, el cual empezó a operar dos años después, luego de que se superaron procedimientos administrativos y jurídicos. Sin embargo, a la fecha, el personal médico y directivo de los nosocomios desconoce los alcances del acuerdo o simplemente no los aplica.

Las mujeres tampoco están enteradas de que en caso de una emergencia relacionada con su embarazo, pueden solicitar atención médica en los hospitales de los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) o de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) aunque no sean derechohabientes; ni que en caso de que en tales nosocomios, por alguna razón, no las pudieran atender, las deben referir a otra unidad médica.

Es tal la desinformación que tampoco es del conocimiento público que existe una línea telefónica gratuita a la que se puede recurrir para solicitar ayuda. Esta es 01 800 0 MATERNA -01 800 0 628 3762-.

Esta medida permitiría que las embarazadas dejaran de peregrinar en busca de asistencia profesional como aún ocurre en diferentes estados de la República, incluso en el Distrito Federal.

Graciela Freyermuth, secretaria técnica del OMM, advirtió que ante el cambio de gobierno y el diseño del plan nacional de salud del sexenio es indispensable que el tema de la mortalidad materna se mantenga entre los prioritarios del sector salud, y sobre todo que a partir de lo que existe se fortalezcan las acciones para, realmente, abatir el número de fallecimientos por causas relacionadas con la maternidad.

Recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ubica a este problema como una reiterada violación de las garantías fundamentales y plantea que corresponde al Estado garantizar el acceso de las personas a servicios médicos gratuitos y de calidad.

Sin embargo, en México todavía está lejos esta posibilidad. Aunque el gobierno de Felipe Calderón aseguró que en 2012 se alcanzó la cobertura universal de salud, la realidad para las mujeres embarazadas es que 971 de ellas fallecieron durante 2011; 476 eran afiliadas del Seguro Popular. Y eso que la evidencia científica afirma que 75 por ciento de los fallecimientos se podrían evitar, aprovechando los beneficios del desarrollo tecnológico y científico, dijo.

También destacó que del total de mujeres que perdieron la vida en 2011, 70 por ciento ocurrió en los hospitales. Este es un problema que afecta a quienes viven en condiciones de marginación. Estimó que en los 125 municipios con menor índice de desarrollo humano, la probabilidad de muerte para las embarazadas es del doble y para las indígenas ese riesgo se triplica.

Javier Domínguez del Olmo, jefe del área de salud reproductiva del Fondo de Población de Naciones Unidas, planteó que el de la muerte por causas asociadas con el embarazo, parto y puerperio es un tema prioritario en América Latina y el Caribe, y que en México, aunque existe un marco jurídico que debería garantizar una atención médica de calidad, hacen falta los mecanismos que agilicen la disponibilidad de recursos económicos para que los nosocomios estén en condiciones de mejorar la calidad de sus servicios, pero también que los tomadores de decisiones cumplan sus responsabilidades.