La explotación minera que utiliza gran cantidad de agua, la contaminación petrolera, la falta de abasto de agua potable, la expansión de inmobiliarias y el mal manejo del recurso son algunos de los problemas socioambientales que llevan a que México viva una urgencia nacional en materia hídrica, señaló Javier Bogantes, presidente del Tribunal Latinoamericano del Agua.

Aseveró que el tribunal –que es de carácter ético y tiene su sede en Costa Rica– ha recibido alrededor de 60 casos, presentados por ciudadanos que se distribuyen a lo largo del territorio nacional, y hay algunos de tal gravedad, como el del río El Salto, en el municipio de Juanacatlán, Jalisco, que no se ha visto en ningún otro lugar de América Latina, donde se vive una situación inhumana por los altos niveles de contaminación.

En el foro Hacia una estrategia para la protección del agua en México, se dio seguimiento al caso Posible colapso hídrico en México y violación del derecho humano al agua de sus presentes y futuras generaciones, presentado por la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) en la pasada audiencia celebrada en Buenos Aires.

En entrevista, Bogantes explicó que la gran cantidad de problemas que se presentan en México tiene que ver con la estructura del Estado, de las instituciones creadas para la protección del aguas. Agregó que casos de contaminación como el del río Lerma dejan ver que el asunto tiene una urgencia mayor que en otros países de América Latina, porque aquí se vive desde hace décadas un estrés hídrico.

Abundó que esto no tiene que ver con que haya carencia, ya que en realidad hay una gran riqueza hídrica. Pero las políticas de desarrollo que se implementan ponen en peligro esa riqueza hídrica, y hay situaciones que son absurdas. México, dijo, es uno de los países que más han invertido en ingeniería hidráulica del mundo, y se constata que muchas de esas erogaciones no están beneficiando a la población.

Por ejemplo mencionó que en el Distrito Federal la gente, a pesar de tener servicio de agua potable, bebe agua embotellada que venden Nestlé o Coca Cola.

El agua embotellada puede cumplir ciertas funciones importantes, pero lo que está mal es que se obligue a la población a consumirla porque si toma agua de la llave se puede enfermar.

Hay una tendencia en América Latina a dejar a las embotelladoras el abasto del líquido, porque el Estado se ha ido quitando la responsabilidad de abastecer de agua pura a las poblaciones, cuando está obligado a dotar de agua segura y de calidad suficiente para la vida.

Confió en que quizá en este momento en que hay un cambio de administración federal las cosas cambien y el gobierno entienda que aquí hay una urgencia nacional con respecto al agua. Hay que incidir en una transformación del Estado para cuidar el agua.

En relación con el veredicto que el tribunal emitió sobre el caso de colapso hídrico, precisó que se trató de un exhorto y una condena, en el sentido de que durante varias décadas el Estado ha permitido una situación de crisis socioambiental e hídrica.

Al tribunal, añadió, ha llegado gente del estado de México, Veracruz, Puebla y nos dicen, por ejemplo, que hay extracción del agua por parte de empresas que dejan sin líquido a las poblaciones. Apuntó que hizo un recorrido por varios sitios, como Juanacatlán, donde vemos una población que uno no entiende cómo viven allí, es una situación inhumana. La contaminación atmosférica e hídrica es de las peores que hemos visto en América Latina.

En este trayecto, indicó, “nos dimos cuenta de que no hay tratamiento de aguas negras, no hay inversión en infraestructura en este rubro y en cambio vemos la inversión que se hace en carreteras. Precisó que el gobierno fue invitado para presentar su posición, pero el argumento que da para no asistir es que el tribunal no es un organismo reconocido por los estados, no existe ningún organismo en materia ambiental que tenga este reconocimiento, sólo la Corte de La Haya cuando hay conflictos internacionales.