Para financiar los programas sociales incluidos en el Pacto Por México se requieren por lo menos 400 mil millones pesos, dijo ayer Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente de El Barzón, quien destacó que esos recursos deben provenir en primer lugar de los grandes empresarios y de las clases con mayores ingresos económicos, quienes andan muy aplaudidores del acuerdo.

Por su lado, el senador perredista Luis Sánchez expuso que los órganos de dirección de su partido deben decidir si este instituto continúa o no en el pacto, el cual tiene cosas buenas, otras no tanto y le faltan otras más.

Ramírez Cuéllar destacó que el PRD y la izquierda deben marchar en este tema con la idea de que el convenio no descanse sobre la clase media y la menos favorecida.

En entrevista, destacó que el pacto obliga a que el partido del sol azteca se haga la pregunta de si quiere quitar subsidios a la gasolina y a la energía eléctrica dedicada para los agricultores de riego, con el fin de obtener los recursos que requiere el Estado para financiar los citados planes sociales.

También –dijo– debe plantearse la interrogante de si quiere elevar el IVA, cuando la clase media destina 40 por ciento de sus ingresos a medicinas y alimentos, y la pobre 60 por ciento.

Ramírez Cuéllar equiparó el problema económico que vive el país con este pacto al que tiene Estados Unidos en materia fiscal. Recordó que el presidente Barack Obama propuso gravar más a los ricos para resolver el abismo monetario que enfrenta esa nación. De esta manera, propuso obamanizar la discusión del pacto y que sean los grandes empresarios, que eluden y evaden impuestos, y la clase rica, quienes contribuyan en primer lugar a financiar los programas sociales previstos.

Luis Sánchez dijo que en el acuerdo recién signado por PRI, PAN y PRD hay enunciados ambiguos y generales, y sólo hasta entrar a la discusión de cada tema y sus alcances se podrá decir sí o no al mismo. Por ejemplo, resaltó que se habla de maximizar la renta petrólera, pero no se sabe qué significa eso, si se va a modificar la Constitución y se permitirá la inversión privada, señaló.