l Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), en respuesta a la demanda de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) contra la Semarnat, la Conagua, la Profepa y la Secretaría de Salud, resolvió el pasado 6 de noviembre: 1) condenar al Estado mexicano por la violación a los tratados internacionales y al ordenamiento jurídico interno que garantizan el derecho al agua como derecho humano fundamental y la incapacidad de las autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para establecer mecanismos efectivos de acceso a la justicia ambiental; 2) reconocer el creciente deterioro del derecho humano al agua en la República Mexicana y la insuficiencia de los mecanismos jurídico-políticos para detenerla; 3) alertar por los niveles de conflictividad social en la República Mexicana y la ausencia de instrumentos de participación ciudadana para canalizarla. ¿Por qué la condena internacional?

Como otras que han surgido en la historia del capitalismo, en México una amplia coalición de funcionarios públicos, inversionistas y gerentes empresariales nacionales y extranjeros han impuesto sobre la nación un modelo de fallas de mercado y Estado ajustado a sus intereses. Esta coalición ha creado un estado de derecho que ampara la flexibilidad transaccional, con el argumento que maximiza la eficiencia económica si hay: i) estabilidad en los derechos de propiedad y usufructo; ii) distribución perfecta de información; iii) mecanismos para negociar las afectaciones externas (p.ej., las hídrico-ambientales). Simulando crear estas condiciones, se han establecido varias instituciones garantes secundarias, como son la Procuraduría Agraria, el Ifai y la Profepa, por mencionar tres relacionadas con nuestro tema.

Pero la coalición descubrió hace tiempo que en México, donde una cantidad considerable de los recursos naturales aún está en manos de pequeños y medianos propietarios, la flexibilidad jurídica puede ser todavía más útil a sus intereses si las instituciones garantes son reconfiguradas para violentar o debilitar los derechos de esos propietarios, ocultarles información relevante para tomar decisiones efectivas y someterlos impunemente a todo tipo de impactos ambientales, económicos y sociales hasta desvalorizar sus recursos. Hacerlo crea nuevas condiciones de acumulación originaria y posibilita construir economías de escala y alcance, lo que atrae la inversión extranjera directa y aumenta el poder de los coludidos, a pesar de la ineficiencia acumulada en el resto de la economía y de un crecimiento económico mediocre.

El truco está en desviar el sentido de las instituciones garantes y mantener esta desviación de poder oculta detrás de un velo de ignorancia para el resto de la sociedad nacional y global. Para ello es fundamental una ingeniería legal que permita la flexibilidad de la ley por ausencia de infraestructura institucional. ¿A qué nos referimos?

El marco legal para el manejo de los recursos naturales incluye las leyes de expropiación, equilibrio ecológico, aguas nacionales, minera, etcétera, pero en ningún caso tenemos un reglamento que defina el interés público y los procedimientos para alcanzarlo. Es decir, las atribuciones y competencias reconocidas por las leyes se mantienen en un alto nivel de generalidad, por lo que un análisis de cualquiera de las leyes anteriores no permite determinar el régimen de gestión del gobierno mexicano para cumplir los propósitos constitucionales. Se supone que la mano invisible movida por el interés de los particulares corresponsables coordinará los procesos legales eficientemente. Pero detrás del velo de la ignorancia no hay una mano invisible, sino un puño de hierro corporativo, y la ausencia de infraestructura institucional permite a la autoridad ejecutiva y judicial simular competencias técnicas que no tienen, ejercer facultades discrecionales para facilitar los puñetazos contra la ciudadanía y evadir sus responsabilidades legales.

En materia de agua, las ausencias reglamentarias implican la imposición de patrones de tecnología y cooperación social plagados de contradicciones, por lo que ahora los condena el TLA. La consecuencia: una creciente escasez inducida de agua y un deterioro sin precedentes de los ecosistemas mexicanos, acompañados de un aumento de la conflictividad social por la violación sistemática de los derechos humanos garantizados por la Constitución mexicana. Ahora la ANAA coordina más de 200 conflictos en toda la nación.

Las instituciones mexicanas han sido siempre un misterio para propios y extraños. Tras un velo de sonrisas diplomáticas y buenas amistades internacionales –y de pretendida justicia social y respeto a los derechos humanos– se perpetran los más atroces crímenes. Pero el velo de ignorancia comienza a rasgarse, y las condenas internacionales irán en aumento. Para mitigar esta situación, la nueva administración federal deberá promover la transparencia y el rigor en la definición y aplicación de los procedimientos, normas y responsabilidades públicas, y los ciudadanos deberemos organizarnos para exigir una democracia directa con más y no menos estructura institucional, y vigilar el ejercicio exigente de los derechos humanos individuales y de los pueblos en todo el territorio nacional.

*Doctor en economía por la Universidad de Berkeley e investigador del CRIM de la UNAM; asesora jurídica en derecho ambiental