Buenos Aires, 6 de diciembre. A horas de que expire el plazo para comenzar la aplicación de la ley de medios audiovisuales, la justicia argentina otorgó una hoy prórroga al grupo mediático Clarín para que acate la legislación, cuando suman 19 los grupos dueños de licencias de canales de televisión abierta y cable que han presentado propuestas para adecuarse a la regulación.

La ley de medios audivisuales establece un límite de de diez licencias de televisión abierta y 24 de cable. Grupo Clarín posee 240 licencias, y la medianoche de este viernes vencía el plazo dado por la Suprema Corte para que los medios se adecuaran a la nueva legislación sancionada por el Congreso en 2009.

Pero éste fue un día de furia en Buenos Aires, por otras razones. Un container con pesticida ardió en el puerto de Buenos Aires y una nube tóxica obligó a las autoridades a desalojar varias zonas afectadas. Las terminales de trenes y camiones en Retiro y Constitución fueron cerradas temporalmente.

Aunque finalmente se pudo llegar a acuerdos en el conflicto sindical que amenazaba extenderse con paros en el servicio del metro, igualmente dejó de funcionar en varias estaciones a consecuencia del incendio a lo que se añadió un tormenta y luvias torrenciales que transformaron en ríos varias calles de la ciudad, inundando viviendas y produciendo cortes de energía eléctrica.

Así, el día antes del llamado 7-D debieron suspenderse manifestaciones incluyendo la Marcha de la Resistencia de las Madres de Plaza de Mayo como sucede en este día de diciembre desde hace años. En este caso los organismos de derechos humanos llevaban una consigna: Ni día más sin la ley de medios.

Entre las novedades de las últimas horas en este tema los jueces de la Cámara de lo Civl y lo Comercial, María Susana Najurieta y Francisco de las Carreras, recusados por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, otorgaron una medida cautelar a favor de Grupo Clarín, que podrá esperarse para acatar la ley de medios hasta que haya sentencia definitiva sobre el recurso que presentó sobre la constitucionalidad de los artículos 161 y 45, que se refieren a la desinversión y posesión de licencias audiovisuales.

Sobre este caso debe fallar el juez Francisco De la Carreras. El gobierno recusó también a la Cámara Civil y Comercial pidiendo que se anule el fallo, que ayer sorprendió a todos, y que habilitó al juez De la Carrera, quien fue denunciado por recibir dádivas y favores del Grupo Clarín, que le pagó además un viaje y estadía a una reunión sobre medios en Miami.

Antes de conocerse la ampliación del plazo dado al Grupo Clarín, el ministro de Justicia, Julio Alak, dijo que prolongar la aplicación de la ley de medios implicaría un alzamiento contra una ley y contra la Corte Suprema y advirtió que los jueces no investigaron las denuncias del Estado.

Previamente, uno de los socios de Cablevisión que maneja el Grupo Clarín manifestó su voluntad de adecuarse a la ley. La compañía Fintech Advisory Inc., propietaria de 40 por ciento de las acciones de Cablevisión, consultó sobre la viabilidad de una propuesta de plan de adecuación que significaría la salida de Clarín de la sociedad de esa red de televisión por cable.

El titular de la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella ratificó el cumplimiento de los plazos dados por la Corte Suprema al terminar el día 7 de diciembre para que los grupos que manejan señales de televisión abierta y cable se adecúen a los que reglamenta dicha norma.

También Sabbatella reconoció como importante la presentación de Fintech Advisory Inc. y dijo que le parece muy sensato que un empresario diga que no quiere que su socio lo arrastre a la ilegalidad y que le dice a los accionistas `hagamos un plan de adecuación y cumplamos con la ley como corresponde´.

Explicó que lo presentado por esta compañía sólo podría ser un plan de adecuación si convence al resto de los socios que en este caso es el Grupo Clarín, que posee 60 por ciento de las acciones de Cablevisión Sociedad Anónima.

Lo que proponen es que Clarín se vaya de Cablevisión, que venda su participación porque está en conflicto con la ley de servicios de comunicación audiovisual, sostuvo Sabbatella.

Aclaro que yo decía que había 19 empresas que querían cumplir con la ley y sólo una que no; ahora, hay 19 empresas y media que quieren cumplir y sólo media que no, resumió el funcionario.

Guerra de recursos judiciales

El debate sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual se ha convertido en una guerra de recursos judiciales, como lo advirtió este periódico días pasados, mientras intenta tomar parte en este asunto un convidado de piedra, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la entidad patronal de dueños de medios de prensa, que trata de defender al Grupo Clarín y llegó para eso a Argentina, echando más leña al fuego.

El gobierno intentó evitar que la Cámara en lo Civil y Comercial concediera una extensión al Grupo Clarín, que quiere ser exceptuado de la norma legislativa que le obliga a desprenderse de licencias de radio y televisión.

El intrincado laberinto judicial, pone en evidencia los compromisos de varios jueces con los poderes económicos, que vienen desde viejos tiempos, como se demostró por la cooperación de muchos magistrados en su complicidad con la pasada dictadura militar (1976-1983).

Los antecedentes

Más de 300 organizaciones, estudiantiles universitarias, sindicales, sociales y políticas trabajaron desde hace más de 20 años para elaborar la ley con mayor cooperación participativa de la sociedad que se conozca en el país

Existen varios hitos. Pero en especial lo sucedido en la pasada dictadura militar cuando en marzo de 1976 cesaron todas las garantías constitucionales y la libertad de expresión. En 1978, la dictadura entrega Papel Prensa a tres empresas entre ellas Clarín y La Nación en un dramático episodio que cuesta torturas, prisiones persecuciones a sus verdaderos dueños.

En 1980, el dictador Jorge Rafael Videla dicta la ley de radiodifusión, con la concepción de que radios y televisoras se convertirían en un negocio que favorecería a empresas comerciales. En esa nueva ley toda empresa o cooperativa sin fines de lucro no podía acceder a las licencias.

El primer presidente de la transición democrática, el radical Raúl Alfonsín sufrió una fuerte campaña para que legalizara la compra de Radio Mitre por el Grupo Clarín, lo que estaba prohibido incluso por esa ley. En 1989, asume el presidente Carlos Menem, quien privatiza, entre otros bienes, los medios de comunicación y modifica por decreto la ley vigente para permitir la formación de grandes corporaciones. Y ya en 1995 el Grupo Clarín se convierte en hegemónico y empieza el monopolio y la gran concentración mediática, así como las denuncias de organizaciones sindicales como la Unión de Trabajadores de Prensa (UTPBA) ante esta situación.

En el año 2000, Clarín se había convertido en un monopolio gigantesco que abarcaba el país y algunos canales hacia el exterior.

Hay muchas otras historias de por medio, pero un trabajo de investigación de un grupo de sindicalistas y periodistas muestra el extraordinaro cambio que se produce cuando al fin esta ley de medios audiovisuales, consensuada por miles de ciudadanos es elevada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner al Congreso que después de arduos debates vota por mayoría esta legislación el 10 de octubre de 2009.

De todos los grupos que debieron presentar sus propuestas de adecuación, ninguno es comparable con Clarín que tiene 240 señales cable, nueve radio AM, una de radio FM, cuatro canales de televisión abierta lo que para los analistas críticos configura una verdadera cadena nacional ilegal, que llega a todo el país, y que se niega a cumplir con la ley.

La campaña antigubernamental alcanza momentos memorables como sus ailianzas externas y colabora junto al diario La Nación en las cadenas internacionales de la desinformación y la manipulación a favor de los poderes hegemónicos como han demostrado estas mismas investigaciones.

Por eso está en una batalla desmedida o la madre de todas las batallas, en la lucha por un marco legal para democratizar la palabra pública.

La ley de servicios de comunicación audiovisual es uno de los más claros productos de las luchas populares por la democratización social, señala un informe de organismos humanitarios sobre el tema.

Y las últimas movilizaciones opositoras en todos los casos convocadas por grupos que manejan redes de comunicación y está comprobado tienen relaciones con fundaciones externas, y también sectores ligados a los movimientos de ex militares de la pasada dictadura como este periódico demostró por las convocatorias y cartas que circularon por la web, aparecen como parte de una campaña fuertmente destituyente.

El intento este día de asaltar un supermercado, así como todo lo que se planteó en las últimas marchas opositoras, como se tiene registrado en estas investigaciones periodísticas que se verán en documentales en los próximos días, tienen la impronta de todo lo actuado contra el ex presidente Raúl Alfonsín, quien debió dejar el gobierno anticipadamente y también algunas de las peores maniobras utilizadas por grupos poderosos para ganar espacio en la resistencia justa de muchas orgnizaciones sociales y políticas. Mañana será sin duda un día clave.