La Habana, 5 de diciembre. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron aquí por primera vez en sus casi 50 años de operaciones su disposición a reconocer de manera formal el derecho internacional humanitario, y por esa vía tocaron una puerta clave para buscar que se les defina como fuerza beligerante, y no grupo terrorista.

El diálogo de paz entre la guerrilla y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos se reanudó este miércoles en el Palacio de Convenciones, tras un receso de cinco días.

En esta segunda ronda, la mesa sesionará igual que la primera, con tres días de plenaria por uno de trabajo interno, por lo cual el ciclo pudiera extenderse hasta el 15 de diciembre.

El domingo anterior las FARC entregaron en La Habana al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) una petición para que el pacto del 26 de agosto con el gobierno –que dio lugar a la actual negociación– sea reconocido como acuerdo especial, según ese derecho humanitario.

Ese reconocimiento implicaría que las partes pueden acordar medidas humanitarias en el conflicto, tanto las previstas en la normativa internacional como otras más ambiciosas.

En una carta a la Cruz Roja, las FARC precisan el reconocimiento que hacemos de la importancia que poseen las normas del derecho internacional humanitario. Especialmente reconocemos la importancia de los Convenios de Ginebra de 1949, en los que son parte casi todos los estados, lo mismo que de sus protocolos adicionales de 1977, relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados.

Sin embargo, la guerrilla pide reflexionar sobre las circunstancias que nos obligan al uso de ciertas armas y tácticas militares, como única manera de hacer contrapeso a la desmesura de las fuerzas del gobierno.

El Estado colombiano reconoce la normatividad de Ginebra sobre conflictos armados con fuerza equiparable a la Constitución.

Con su petición a la Cruz Roja, las FARC interpretan que el acuerdo de agosto tendría fuerza legal con rango constitucional, generando la obligación a las partes de mantener el escenario de diálogo como un compromiso inquebrantable.

La adhesión al derecho internacional humanitario acercaría a las FARC a su reconocimiento como fuerza beligerante –una connotación política, bajo un marco jurídico– en lugar de la calificación que reciben de terroristas, narcotraficantes o delincuentes.

La carta está firmada el 9 de noviembre por el Estado Mayor Central de la guerrilla. La delegación de las FARC a La Habana informó en su blog que estuvieron en la reunión sus integrantes Luciano Marín Arango (Iván Márquez), Rodrigo Granda (Ricardo Téllez), Seusis Pausivas (Jesús Santrich) y Jesús Emilio Carvajalino (Andrés París).

Por la Cruz Roja asistieron Patricia Danzi, jefa de Operaciones para América; Jordi Raich, jefe de delegación para Colombia; Karl Mahli, jefe de delegación para México; Knut Doermann, jefe jurídico del CICR, y Marisela Silva, jefa jurídica para Colombia. Aún se desconoce la reacción oficial.

La carta ratifica el propósito de las FARC de llegar a un acuerdo de paz, pero considera que, mientras, toda iniciativa que garantice amainar, al menos, las dramáticas y dolorosas consecuencias del conflicto, hay que impulsarla. Agrega que la guerrilla practica el respeto a principios humanitarios.

En la misma reunión, las FARC pidieron al CICR tramitar la repatriación de los restos de los guerrilleros muertos en el ataque colombiano en Sucumbíos, Ecuador, el primero de marzo de 2008, así como atención médica a sus efectivos presos en Colombia.

Las FARC se reivindican hace años como fuerza beligerante, al alegar que tienen proyecto político, mando único, control de territorio y su participación en una guerra sostenida.

El reconocimiento de beligerancia también supondría identificar a los capturados por uno y otro lado como prisioneros de guerra, y no como casos de delitos comunes.