Tepotzotlán, Méx., 4 de diciembre. Indígenas otomíes y comuneros del poblado de San Juan Tuxtepec, municipio de Chapa de Mota, rechazaron la construcción de un centro ecoturístico en ocho hectáreas de bienes comunales del paraje El Membrillo, debido a que fueron excluidos del proyecto y temen que su poblado quede aislado de manantiales y tierras que dan sustento a más de 4 mil habitantes.

Un grupo de al menos 50 otomíes se trasladó de las montañas de Chapa de Mota hasta el atrio del templo de San Pedro, en este municipio, donde ofreció una conferencia de prensa para denunciar irregularidades en la obra.

Dieron a conocer que funcionarios del ayuntamiento de Chapa de Mota y el comisariado de bienes comunales promueven el proyecto con recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Explicaron que, sin la autorización de pobladores y comuneros, Silvestre Vázquez Juana, presidente de bienes comunales de San Juan Tuxtepec, y el regidor Juan Carlos Sánchez Ramírez avalaron y gestionaron el proyecto ecoturístico El Membrillo, el cual tendrá financiamiento federal hasta por 1.5 millones de pesos.

Apolinar Ríos Pérez, presidente del comité de vigilancia de bienes comunales, expuso que Sánchez Ramírez, apoyado por el alcalde de Chapa de Mota, Joaquín Cruz Salazar, ha promovido desde hace casi un año la obra, que nunca fue aprobada en asamblea por los comuneros.

Refirió que en San Juan Tuxtepec hay un padrón de 447 comuneros, pero la mayoría ya fallecieron y sobreviven al menos 200, casi todos adultos mayores.

Acusó que mediante argucias el presidente de bienes comunales recabó firmas y credenciales de elector para argumentar que cuenta con aval de la asamblea de campesinos.

El 27 de agosto, una turba de vecinos y comuneros impidió el inicio del proyecto, pero fuimos repelidos por gente armada; aun así, las obras no comenzaron, recordó Apolinar Ríos Pérez, presidente del comité de vigilancia de bienes comunales.

Dijo que por esos hechos 30 comuneros fueron demandados por delincuencia organizada, asociación delictuosa y allanamiento de morada.

Yolanda Vera Fernández, abogada de los quejosos, explicó: Estaríamos ante un caso de violación de derechos humanos de los pueblos indígenas, abuso de poder público e intento de despojo de bienes comunales en San Juan Tuxtepec.

Indicó que el 6 de noviembre los inconformes presentaron una denuncia ante la Procuraduría Agraria con sede en Atlacomulco, y están a la espera de que las autoridades federales actúen.