La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) ha hecho muy mal uso del delito de ataques a la paz pública, especialmente contra jóvenes, a tal grado que este año al menos 120 han sido consignados por este hecho que, aseguró, es el equivalente al de terrorismo, tipificado a escala federal y en algunos estados del país. Así lo denunció Armando Barrera, abogado de la organización Cauce Ciudadano que participa en la defensa de buena parte de las 69 personas detenidas el pasado sábado durante los disturbios en avenida Juárez y otros puntos de la ciudad de México.

En tanto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Placencia, informó que existen varios testimonios de personas que relataron que fueron confundidas o detenidas de manera arbitraria cuando paseaban por la Alameda Central, y cuestionó la falta de protocolos de la policía capitalina para actuar en el momento en que un grupo de jóvenes causó destrozos en edificios públicos y privados de la zona.

Mientras, las 11 mujeres y 58 hombres detenidos por los hechos ocurridos el pasado sábado en avenida Juárez solicitaron la duplicación del plazo legal para que se defina su situación jurídica, por lo que será el próximo domingo cuando la juez 47 defina si les dicta auto de formal prisión.

Durante su declaración preparatoria los inculpados manifestaron que si bien algunos participaron en las manifestaciones contra el presidente Enrique Peña Nieto, negaron tener responsabilidad en los daños ocasionados a diversos inmuebles y a la Alameda Central.

Los jóvenes son acusados de ataques a la paz pública en pandilla, el cual, explicó el abogado Barrera, es una una figura penal muy subjetiva, pues las imputaciones son muy generales y no se especifica la conducta delictiva de cada uno de los acusados, lo que significa una violación a los derechos humanos.

Señaló que si bien en la mayoría de los casos se dicta sentencia condenatoria, en algunos se ha logrado que sea menor a cuatro años de prisión, con lo que logran su libertad bajo fianza.

El ombudsman capitalino manifestó que una de las líneas de investigación en torno a estos hechos tiene que ver con la actuación de la policía durante los disturbios, pues se presume que los uniformados no tuvieron claridad sobre qué hacer. Seguramente el contexto de cambio ante el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (del DF) algún peso debió de haber tenido. Probablemente no hubo instrucciones adecuadas en el momento adecuado.

Agregó que se vigilará que la PGJDF tenga la capacidad de distinguir quiénes de las detenidos sólo se estaban manifestado y quiénes pudieron haber participado en la comisión de un delito.

Sobre el tema, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Dinorah Pizano, expresó que gracias a la intervención de legisladores locales y federales –y a petición expresa de un grupo de padres de familia– se logró que los jóvenes consignados al Reclusorio Norte se mantuvieran separados de la población penitenciaria y sus familiares pudieran verlos, a pesar de no ser día de visita.

En entrevista, la legisladora resaltó que se puso a disposición de los adolescentes a los abogados de los legisladores, así como de organizaciones sociales, y mantienen la exigencia de que no se afecten sus derechos humanos y se resuelva en lo inmediato la situación de aquellos que fueron detenidos y consignados sin que hubieran cometido algún ilícito. Sobre su estado de salud se informó que es adecuado.