Diversas organizaciones de derechos humanos se declararon en estado de alerta ante las graves violaciones a garantías fundamentales suscitadas el primero de diciembre, en el contexto de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto.

En un pronunciamiento firmado por casi un centenar de organizaciones civiles de todo el país, expresaron un firme rechazo al uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes estatales que se dio durante las jornadas de protesta por la llegada de Peña Nieto a la Presidencia de la República.

Demandaron esclarecer quiénes son los autores materiales e intelectuales de los hechos, teniendo en cuenta que hay indicios de que hubo gente provocadora en medio de las manifestaciones e investigar y castigar los abusos de las autoridades en contra de manifestantes.

En el documento, los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Fray Bartolomé de las Casas, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (que agrupa a 73 organizaciones de 21 estados), entre otros, se dijeron conscientes de que muchas de las acciones de quienes se manifestaron el sábado pasado en las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro y del Centro Histórico de la ciudad de México pueden constituir delitos.

Sin embargo –advirtieron– quien incurra en ellos debe ser tratado respetando sus derechos humanos, específicamente los de debido proceso, sin que se criminalice ni se descontextualice la protesta social.

Agregaron que han podido constatar múltiples abusos durante las detenciones de los manifestantes.

Hay casos registrados de varias personas heridas por el arsenal de las fuerzas policiacas en los diferentes enfrentamientos para disolver y dispersar las manifestaciones. Es fundamental recordar que las acciones estatales deben estar guiadas en todo momento por protocolos de uso proporcional de la fuerza que fueron claramente rebasados con la finalidad aparente de reprimir no sólo la comisión de delitos, sino el legítimo derecho a la protesta social que poseemos todas y todos los ciudadanos de este país.

Señalaron que los casos más graves que han podido conocer son los de Francisco Kuykendall, activista de la otra campaña, de 67 años, quien recibió un impacto en la cabeza y se encuentra en coma inducido, el de Uriel Sandoval, estudiante de la UACM que está en riesgo de perder un ojo, y el del Carlos Valdivia, quien también resultó gravemente herido. Añadieron que existen aún muchos más casos de lesionados, detenciones arbitrarias y abusos contra los manifestantes, tanto en el Distrito Federal como en Guadalajara.

Las ONG destacaron que en la capital de Jalisco se emitieron comunicados denunciando 24 detenciones, 40 heridos e incluso algunos jóvenes detenidos horas después de dispersada la manifestación.

Quienes firman el pronunciamiento hicieron un llamado a la calma y la prudencia de la sociedad, pero también a las autoridades federales, del Distrito Federal y de Jalisco, para garantizar el debido proceso de las y los detenidos evitando acciones que puedan atentar contra sus derechos, presentando a todas y todos públicamente, permitiendo el contacto con sus familiares y defensores para que puedan constatar el estado en el que se encuentran.