La Paz, 3 de diciembre. La existencia de una red extorsiva integrada por jueces, fiscales y funcionarios, que buscaban obtener dinero de un empresario estadunidense a cambio de su excarcelación, tenía este lunes en vilo a autoridades de Bolivia, que garantizaron que investigarán el caso con transparencia.

Nuestro trabajo será objetivo y transparente, afirmó el fiscal general de Bolivia, Ramiro Guerrero, al confirmar el inicio de la investigación y acotó que estamos en un proceso de evaluación de los funcionarios del Ministerio Público.

Nuestras investigaciones preliminares nos permiten afirmar que la red (de asesores estatales ya suspendidos) está integrada por miembros del Ministerio Público y del órgano judicial, dijo este lunes el ministro de Interior, Carlos Romero, en conferencia de prensa en La Paz.

El empresario estadunidense Jacob Ostreicher, detenido sin juicio desde junio de 2011 y acusado de lavado de dinero del narcotráfico, reveló hace unos días haber sido extorsionado por jueces, fiscales y agentes del gobierno boliviano con promesas de ser liberado.

Ostreicher, cuya detención motivó el reclamo del Departamento de Estado y la solidaridad del actor estadunidense Sean Penn, destapó con sus denuncias la existencia de una organización que podría haber actuado desde hace unos cinco años dentro del gobierno del presidente Evo Morales y la justicia de Bolivia, en sonados y millonarios casos.

Hasta ahora se identificó a los abogados Fernando Rivera y Dennis Rodas –hasta hace una semana asesores legales del Ministerio de Interior– como cabecillas del grupo que estuvo integrado por otros abogados particulares y ex empleados gubernamentales. Seis de los sospechosos han sido detenidos, informó el gobierno boliviano.

El anuncio de Romero se produjo en la antesala de un proceso del mismo Ministerio Público, que comenzó este lunes en la ciudad de Santa Cruz, 900 kilómetros al este de La Paz, contra fiscales y jueces de ese distrito acusados de integrar la red de extorsiones.

El ministro Romero señaló que en una revisión de todo el trabajo judicial hecho por su oficina se evidenció que la red actuó en casos millonarios, donde pudieron obtener jugosos ingresos, aún no cuantificados, ofreciendo libertades, cambiando fallos o dilatando procesos.

El caso de Ostreicher, quien alegó siempre inocencia e indicó que todas sus inversiones fueron por vía bancaria, es un claro ejemplo: la justicia le negó en seis ocasiones la libertad y el proceso legal está detenido.

Además, el empresario denunció no sólo que sufrió extorsión para obtener su libertad, sino además sus bienes, como arroz y ganado, fueron enajenados por esa red de funcionarios.

Romero habló de “un modus operandi” de esa organización, mientras surgieron denuncias en la última semana de familiares y víctimas de presuntos casos de extorsión.

La hija del fallecido ex ministro de Interior de derecha, Guillermo Fortún, detenido en Perú y expulsado a Bolivia en 2010, denunció que pagó 20 mil dólares a los abogados del Ministerio de Interior para que su anciano padre obtuviera detención domiciliaria.

La esposa de un ex policía, detenido por proteger a narcotraficantes, también señaló haber pagado a los abogados Rivera y Rodas para que su marido permaneciera en la cárcel de Santa Cruz y así evitar su traslado a un penal de alta seguridad en la región andina del país.

El grupo criminal también fue mencionado el fin de semana por el viceministro de Interior, Jorge Pérez, por supuestas ofertas de protección a explotadores de juegos clandestinos de azar, a cargo de mafias rusas.

Mientras el Ministerio Público se apresta a recibir declaraciones de fiscales y jueces por el caso, un poderoso ex fiscal de Santa Cruz, Isabelino Gómez, fue detenido este lunes por otro de sus colegas investigadores.

La oposición recordó que Gómez era un protegido del gobierno, pues él encabezaba la demanda penal para suspender del cargo al poderoso gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, uno de los principales opositores al presidente Morales.

Mientras tanto, el empresario Ostreicher permanece en una clínica de Santa Cruz, con la salud debilitada y bajo fuerte vigilancia policial. Este lunes apareció en una entrevista de prensa vistiendo un chaleco antibalas.