El nuevo canciller, José Antonio Meade Kuribreña, recibe una Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) desmoralizada por una serie de nombramientos y ascensos que lastimaron al personal de la dependencia en activo y a ex embajadores, quienes consideran que en algunos casos privaron amistad y afinidad política, antes que capacidad y desempeño.

Hoy atestiguamos la injusticia. Si hubo un presidente de la República con un mandato de una hora, ahora presenciamos la inscripción en las páginas de la cancillería de un ministro que en menos de un mes se hizo embajador. No vale la pena ahondar en el caso, que es de dominio público. Ignoro si el nombramiento sea impecable desde una perspectiva legal, pero sin duda no resiste un análisis ético medianamente serio. De ahí ese rumor de injusticia que recorre los pasillos de nuestras oficinas y que, al menos a mí, me deja ánimo sombrío, escribió Diego Alejandro de la Vega Wood, agregado diplomático, en una carta que circuló en todas las oficinas de la dependencia.

El texto hizo referencia al nombramiento que horas antes de dejar el poder hizo el ex presidente Felipe Calderón, de Raúl Heredia Acosta, quien apenas un mes antes ascendió al rango de ministro y que se desempeñaba como secretario particular de la ex titular de la SRE y recientemente nombrada embajadora emérita, Patricia Espinosa Cantellano.

En conferencia de prensa ofrecida el pasado jueves, la ex secretaria afirmó que los nombramientos que en uso de sus facultades constitucionales hizo Calderón, se ajustaron en todo momento a las leyes vigentes y en atención al historial laboral de los promovidos, sin embargo, la afirmación de la embajadora emérita no es compartida por buena parte de quienes laboran en la SRE y que suscribieron el texto de De la Vega Wood.

El agregado diplomático afirmó que en los pasados dos sexenios parte del problema es que la cultura democrática no ha llegado al Servicio Exterior Mexicano (SEM), debido, advirtió, al manejo patrimonialista que los gobiernos del PAN le dieron a la cancillería y que se convirtió en enemigo natural del proceso democrático al interior de la dependencia.

“Como podrán ir adivinando mi arrebato es contra las formas patrimonialistas de ejercer el poder que aún subsisten en la cancillería y, especialmente, en el gobierno del SEM. Se entiende que hay que buscar atender las necesidades del servicio y que a eso se refiere la necesidad de tener ‘espíritu de cuerpo’. Lo que no queda bien claro es ¿cuáles son esas necesidades y quiénes deciden y bajo qué criterios el contenido de éstas? Se destila de todo esto un tufo patrimonialista que hace pensar que el sistema incentiva a quienes ocupan las posiciones de poder y los espacios de decisión dentro del SEM se ocupan más por ‘servirse de lo público’ que por ‘servir a lo público’”.

Condenó los desprecios, vejaciones, malos tratos y discrecionalidad a la que nos enfrentamos cotidianamente en las cuestiones laborales de nuestro quehacer y a la que se enfrentan las familias diplomáticas en su peregrinar. Si a eso le sumamos una conducción que en nada se asemeja a la forma más virtuosa del autoritarismo (el gobierno del rey sabio, según Platón) encontramos a un cuerpo diplomático que vive la normalización de la injusticia en la falsa disyuntiva entre el miedo y la búsqueda no de quién la hizo, sino de quién me la paga. La otra falsa disyuntiva está entre la renuncia y el agachar la cabeza para meterla en la cubeta de bosta, entregados al desencanto y la mediocridad, aseveró en el documento.