yer, en su segundo día al frente del Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto suscribió con los dirigentes de los tres principales partidos políticos del país –PRI, PAN y PRD– un conjunto de acuerdos, denominados Pacto por México, por el que se comprometen a diversas acciones de gobierno y reformas legislativas orientadas a cinco objetivos fundamentales: gobernabilidad democrática; crecimiento económico, empleo y competitividad; ejercicio pleno de derechos sociales y libertades; seguridad y justicia, así como transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Más allá de los buenos propósitos, el acuerdo enfrenta como primera dificultad hacer compatibles visiones programáticas distintas, e incluso contrapuestas, con miras al cumplimiento de cada fin. En concreto, debe hacerse notar que la realización de cuatro de los cinco acuerdos –gobernabilidad, crecimiento económico, seguridad y derechos sociales plenos– luce incompatible con la continuidad del modelo económico depredador aún vigente, al que se han venido aferrando las sucesivas presidencias a partir de Carlos Salinas y la mayoría de los representantes y autoridades emanados del PRI y el PAN, modelo que en más de dos décadas de ser aplicado ha potenciado la pobreza, la desigualdad y la marginación; ha privado al país de bases para un crecimiento económico sólido y duradero; ha derivado en una sociedad tremendamente excluyente, en la que sistemáticamente son vulnerados los derechos sociales y las libertades de las mayorías, y ha alimentado el surgimiento de escenarios de violencia, inseguridad e ingobernabilidad en todo el país.
El llamado de Peña al diálogo y al consenso con los institutos políticos y los distintos actores de la sociedad plantea una oportunidad para inducir un golpe de timón en materia de política económica que permita dotar de sustancia los propósitos enunciados ayer en el Castillo de Chapultepec. Para ello es imprescindible que las autoridades concreten cuanto antes la aplicación de medidas que permitan salir de la nefasta preceptiva del llamado Consenso de Washington, empezando por una dignificación de los salarios y una reorientación del gasto público a aquellos rubros que debieran ser prioridad nacional: salud, educación, generación de empleos y bienestar.
Con respecto a la renovada pretensión oficial de incrementar la recaudación –como prevé el documento firmado ayer por las dirigencias partidistas y el gobierno federal–, es pertinente reiterar que tales recursos deberán obtenerse de una política fiscal justa y equitativa, que incluya el cobro de impuestos a los dueños de las grandes fortunas y la eliminación de las insultantes exenciones de que hoy gozan las operaciones bursátiles y los grandes conglomerados empresariales.
Mención aparte merece el planteamiento, incluido en el acuerdo, de lograr que el sector energético nacional sea el motor del desarrollo, pues se corre el riesgo de que con ese pretexto se rediten los intentos por trasladar las industrias que componen dicho sector a manos de particulares, y de reactivar con ello un factor de tensión, división y rechazo nacional.
En conclusión, si lo que se quiere es que el acuerdo suscrito ayer sea respaldado por todos los ciudadanos
, como afirmó Peña, lo mínimo que cabría esperar es que los firmantes mostraran la voluntad política necesaria para abandonar las inercias ideológicas excluyentes y nocivas que hasta ahora condicionan las acciones del gobierno en beneficio de reducidos grupos de interés y en perjuicio del bienestar general. De no actuar en este sentido, el documento suscrito ayer en Chapultepec quedará desacreditado como mero acuerdo cupular.
