Buenos Aires, 2 de diciembre. La decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York de suspender el fallo del juez Thomas Griessa, que obligaba a Argentina a pagar a los fondos buitres, será vigilada no sólo por economistas y funcionarios locales, sino por todos los que piensen en futuras restructuraciones y países periféricos fuertemente endedudados.

El fallo del juez Griessa a partir de las apelaciones del gobierno argentino y de los bonistas que sí ingresaron a los canjes, hubiera constituido un duro golpe a la política de desendeudamiento llevada adelante por el gobierno desde 2005, analiza Tiempo Argentino.

Si se hubiera impuesto el fallo original Argentina caería nuevamente en default técnico a pesar de que su deuda externa se ubica, hoy en sólo 19 por ciento de su PIB, señala también ese medio.

Se menciona que la jurisdiccionalidad de Estados Unidos, heredada de la década de los 90 y que persiste hasta la actualidad, puso en manos de tribunales extranjeros la estabilidad financiera de Argentina.

El gobierno de la presidenta Cristina Fernández declaró que el fallo de Griessa debería preocupar a todos los países de la región y del mundo por ser un acto de colonialismo judicial.

La medida contra Argentina fue interpretada a nivel mundial como una señal orientada a poner en caja los procesos de restructuración de deudas y quitas que están en curso y aquellos que pudieran abrirse en la etapa venidera.

También se dice que la suspensión del fallo refleja las estrategias e intereses contradictorios que están presentes entre los representantes del capital financiero internacional y entre los propios tenedores de bonos.

El reconocido analista Alfredo Zaiat señala que los días de tensión especulativa en el mercado de bonos de deuda argentina a partir del fallo del juez Griessa, sirvieron como ilustrativa guía política. Permitieron conocer cuál podría haber sido la respuesta de otro gobierno si se consideraran las recomendaciones de economistas que fueron funcionarios públicos.