ras tomar posesión como presidente de la República, Enrique Peña Nieto formuló una serie de compromisos de gobierno sin duda necesarios. El primero de ellos fue emprender un viraje en la estrategia de seguridad vigente hasta el sábado pasado a fin de poner al Estado al lado de las víctimas y familiares e incluir en ella el combate a las adicciones, el rescate de los espacios públicos y la promoción de proyectos productivos; asimismo, ofreció enviar al Congreso una iniciativa de reforma para unificar en uno solo los 33 códigos penales –de las 32 entidades más el federal– con el propósito de crear mejores condiciones para combatir la impunidad.

Por otra parte, el político mexiquense se comprometió a emprender, en un plazo no mayor a dos meses, una cruzada nacional contra el hambre; a establecer un seguro de vida para jefas de familia; a reducir a 65 años la edad requerida para ser incluido en las pensiones del programa de adultos mayores; a promover una reforma educativa que incluiría la creación del servicio civil de carrera docente y terminar con las plazas magisteriales vitalicias y hereditarias; a restablecer en el país el transporte ferroviario de pasajeros; a licitar dos nuevas cadenas de televisión abierta, ampliar el acceso a la banda ancha y propiciar una mayor competencia en telefonía, transmisión de datos, televisión y radio. Por último, Peña Nieto prometió elaborar un proyecto de Ley Nacional de Deuda Pública y Responsabilidad Hacendaria que buscaría acotar el endeudamiento de los gobiernos estatales.

Las decisiones referidas son plausibles, en principio, pero está por verse las concepciones y los medios a utilizar para concretarlas. En el caso de la cruzada contra el hambre, por ejemplo, puede tratarse de un programa para enfrentar la marginación y la miseria o si se piensa en un plan asistencialista más como los que viene poniendo en práctica el Ejecutivo federal desde tiempos de Salinas. Por lo que hace al prometido cambio en la estrategia de seguridad, cabe preguntar si el nuevo presidente podrá deslindarse con facilidad de las inercias bélicas y violentas inducidas por su antecesor en el cargo. En lo referido a la reforma educativa, es claro que la propuesta de Peña Nieto podría colocarlo en una ruta de colisión con la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezada por Elba Esther Gordillo. En cuanto a los acotamientos legales al endeudamiento de las entidades federativas, la propuesta tendrá que vencer las previsibles resistencias de los gobernadores, priístas en su mayoría.

Lo cierto es que Peña Nieto asumió, junto con el cargo presidencial, compromisos formidables cuyo cumplimiento será seguido muy de cerca por un país agraviado por la violencia, exasperado por la persistencia del modelo económico neoliberal y asfixiado por las enormes limitaciones de la institucionalidad democrática formal.

Algo de esos malestares se dejó sentir ayer en forma violenta en el curso de las movilizaciones de protesta por la asunción del propio Peña Nieto. Sin afán de justificar las agresiones contra las fuerzas del orden ni de condonar los excesos cometidos por éstas en la contención de las protestas, las lamentables confrontaciones de ayer, que dejaron un saldo de varios heridos, algunos de ellos graves, y decenas de detenidos, tienen como telón de fondo un encono social que ha sido privado de cualquier cauce legal de expresión.

No debe pasar inadvertido, por último, que la agresividad exhibida ayer por grupos de manifestantes contrastó sobremanera con el carácter cívico y pacífico de las abundantes movilizaciones realizadas en el curso de este año por las principales corrientes que desde septiembre pasado optaron por desconocer al mexiquense como presidente: #YoSoy132 y el Movimiento Regeneración Nacional. Tal contraste lleva a preguntarse en qué medida el actuar de los grupos violentos pudo haber sido inducido desde algún ámbito del poder público o de los poderes fácticos que operan en el país. Ni las bombas molotov ni la brutalidad policial benefician a ninguno de los protagonistas abiertos y asumidos de la escena política ni al país en general y es por ello necesario despejar los muchos puntos oscuros que arrojan las lamentables confrontaciones ocurridas ayer en los alrededores del Palacio Legislativo de San Lázaro y en diversos puntos del Centro Histórico de la capital de la República.