Ecatepec, Méx., 1°. de diciembre. El Congreso local dio entrada a sendas iniciativas de ley enviadas por el gobernador Eruviel Ávila Villegas que dotarían a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) de herramientas de investigación para combatir delitos de alto impacto, que incluyen operaciones encubiertas, intervención telefónica, infiltración de agentes en organizaciones criminales y uso de testigos protegidos, informó hoy Octavio Martínez Vargas, presidente de la legislatura.

Las iniciativas de reformas al Código Penal y de Procedimientos Penales, así como a la Ley Orgánica de la PGJEM, que establece técnicas especiales de investigación criminal en delitos de alto impacto, fueron turnadas a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Procuración y Administración de Justicia para su análisis.

Según un comunicado de la legislatura local, la finalidad será combatir con mayor eficacia homicidios dolosos, violación, secuestro, trata de personas, extorsión, ilícitos cometidos con medios violentos, así como delitos graves determinados por el Código Penal del estado y por las leyes generales.

En conferencia de prensa, Martínez Vargas expuso que la fracción del PRD, a la que pertenece, impulsará un amplio análisis sobre la propuesta. Lo esencial será enriquecer el debate de los diputados con la opinión de especialistas e investigadores del derecho penal y procuración de justicia, dijo.

Recordó que las iniciativas del Ejecutivo estatal proponen medidas ya empleadas por algunas procuradurías del país, sin que haya derivado en la aprehensión de delincuentes peligrosos.

El uso inadecuado de las nuevas herramientas puede llevar a la invasión de la privacidad y violentar los derechos constitucionales de las personas, y ese es el riesgo que se debe evitar, comentó.

La figura de testigo protegido puede ser utilizada de forma inadecuada, como sucedió en Michoacán, donde ilegalmente y en violación de sus garantías constitucionales, 15 alcaldes fueron detenidos y después liberados, solamente por la presunción de alguien que señaló a estas personas.

Además, son falsas 50 por ciento de las denuncias anónimas que se dan en el estado de México.

Pidió que desde el procurador de Justicia del estado hasta el último policía ministerial cuenten con certificados de control y confianza, porque no se pueden dar nuevas herramientas de investigación a quienes no puedan aplicarlas porque desconocen su alcance y limitaciones, concluyó.