uchos son los mitos que se han construido en torno al megaproyecto eólico del Istmo, el cual sin lugar a dudas fue uno de los programas centrales de Felipe Calderón. Desde que ocupó la titularidad de la Secretaría de Energía en el gobierno de Vicente Fox y después como presidente de la República, Calderón mostró un interés muy particular en la construcción y operación de los parques eólicos.

La necesidad de abrir el sector eléctrico a la inversión extranjera no es un mito, es un acto de entreguismo, pero en el caso del istmo de Tehuantepec esta apertura es una verdadera invasión neocolonial, y las bondades de las energías renovables han dado lugar a más mitos.

Generan empleo. Es cierto que en la etapa de construcción de los parques eólicos las empresas contratan a gente de la región para los trabajos más duros, como la limpieza y nivelación de los terrenos, el acarreo de materiales para las obras de cimentación, y de cierta forma hay un tiempo breve de bonanza, pero una vez concluidos los trabajos la realidad que encontramos es la del desempleo y el abandono del campo. Un ejemplo de ello es que en los dos parques eólicos establecidos en La Venta trabajan de manera permanente 12 técnicos, de los cuales cuatro son originarios de la región; además, laboran unos 15 empleados eventuales que se dedican a tareas de limpieza, entre ellas la de levantar los cadáveres de aves muertas, y en acciones de vigilancia. En esas mismas tierras laboraban hace cinco años unos 300 campesinos y jornaleros, produciendo maíz, sorgo y caña de azúcar.

En el ingenio Santo Domingo laboraban de manera permanente 120 empleados, y en tiempos de corte trabajaban hasta 600 jornaleros y unos 100 transportistas, paileros y cargadores; hoy sólo trabajan en el parque eólico 11 personas, la mitad de ellas fuereñas. En La Ventosa, donde hace pocos años se producía el mejor queso del istmo, ahora escasea el alimento para el ganado, y con ello ha decaído la producción de leche y de otros productos lácteos; por ello mucha gente perdió su trabajo. Ahora los vecinos se quejan de los asaltos y robos, aunque los justifican diciendo es que ya no hay trabajo.

La legalidad de los proyectos. En México, cumplir con los requisitos legales para establecer un parque eólico es sólo cuestión de dinero y más dinero. Las empresas han utilizado millones de pesos para corromper a autoridades locales, a cambio de que simulen una asamblea donde se apruebe la ejecución de un proyecto.

La corrupción también ha alcanzado a las instituciones federales, y la legalidad disfrazada de estudios de impacto ambiental ha dado lugar a estudios llenos de errores, omisiones e irregularidades. Las empresas y despachos han elaborado estos estudios a manera de que sus clientes no tengan problemas. En La Ventosa opera actualmente el Parque Eólico Bii Nee Stipa, cuyo propietario es la empresa Iberdrola; la manifestación de impacto ambiental de este parque es un montón de pegotes, que incluso llegan al grado de ubicarlo en el estado de Veracruz.

Legalidad a la mexicana. O simplemente: cómo taparle el ojo al macho. Los mitos también matan. Se ha propalado la versión de que los parques eólicos se han venido instalando sin la oposición de los propietarios de la tierra y supuestamente todo ha sido miel sobre hojuelas. Nada más falso. A partir del año 2003 el Grupo Solidario La Venta encabezó durante más de tres años una difícil lucha en contra del megaproyecto que desarrollaron la Comisión Federal de Electricidad (CFE) e Iberdrola. Finalmente el parque La Venta II se construyó; sin embargo, y gracias a la resistencia, la superficie que al final ocupó fue sólo 55 por ciento de la que originalmente se había planeado. En el mismo ejido, en marzo de 2007 un grupo de campesinos que defendía un predio fue desalojado por más de 200 policías federales y decenas de testaferros del entonces siniestro gobernador Ulises Ruiz, siendo también denunciados penalmente 43 de ellos por la CFE.

El caso más grave se presentó en octubre de 2011, cuando un bloqueo pacífico de campesinos de Unión Hidalgo que se oponían al despojo de sus tierras por parte de la empresa Demex, filial de la española Renovalia, fue atacado por un grupo de priístas que encabezaba el agente municipal de La Venta. En la agresión resultó muerto un sobrino del mismo agente y 100 campesinos fueron lesionados. Pocos meses después fueron detenidos la defensora de derechos humanos Betina Cruz y cinco campesinos cuyo único delito fue el de defender sus tierras.

Sin embargo, en los últimos días ha venido ganando espacios en los medios el creciente conflicto que se vive en la región huave, donde ha escalado la campaña de agresiones y violencia en contra de los campesinos y pescadores ikojts de San Dionisio del Mar por parte de los operadores príistas Jorge Castellanos y Ernesto Juárez, quienes son apoyados por los diputados locales Francisco López García y Elías Cortés, todos ellos al servicio del holding Mareña Renovables. La violencia se ha dirigido en particular en contra de Isaúl Celaya, líder de los opositores, quien ha sufrido en los últimos meses dos atentados en contra de su vida.

La realidad desvanece mitos. Lo que sí ocurre en el istmo mexicano es el despojo legalizado de más de 12 mil hectáreas, muchas de ellas propiedad de campesinos indígenas, que no han sido ni informados ni consultados. Despojo operado por grandes empresas trasnacionales que han contado con la complicidad de funcionarios de los tres niveles de gobierno y donde la corrupción se abre paso día a día. Son escasos los beneficios y sí muchos los perjuicios para los habitantes de esta región. Por todo ello la generación de energía limpia en el istmo de Tehuantepec es un negocio verdaderamente sucio que ha enriquecido a unos cuantos. Eso sí, con dinero verde, pues se gana en dólares.