l 5 de diciembre seremos testigos de un cambio de gobierno en el Distrito Federal, cuando el doctor Miguel Ángel Mancera ocupe el puesto que ostenta actualmente el licenciado Marcelo Ebrard. No se puede negar que la ciudad de México ha avanzado sustancialmente en distintos aspectos relacionados con los derechos humanos. Sin embargo, estos logros forman parte de una preocupante disociación, en la que lo positivo se ve empañado por la constante presencia de violaciones a los derechos humanos, algunas de ellas graves, que se pretende justificar sin éxito bajo los argumentos de la seguridad o el progreso, cuando ya se ha repetido hasta el cansancio que éstas no se consiguen sin una política clara de respeto a los derechos de las personas.
Los retos de la nueva administración son, entonces, todavía muchos, no sólo para seguir buscando la consolidación de una cultura de respeto a los derechos humanos en la ciudad, sino para evitar la regresión en aquellos logros que ya se han obtenido.
No pretendo ahora hacer un recuento de las violaciones a los derechos humanos de la administración saliente. Pero es necesario destacar que, al tiempo que hubo avances en materia de políticas públicas en la implementación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, fuimos testigos de una actitud constante de rechazo a recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, o de supuesta justificación de medidas que han sido señaladas claramente como violatorias.
Ya en ocasiones anteriores he hablado de lo absurdo y contradictorio que resulta el discurso de la seguridad frente a los derechos humanos. Sin embargo, este discurso ha seguido imperando cuando se trata de justificar la figura del arraigo, o la exhibición en medios de comunicación de personas detenidas. Y si bien su uso se ha reducido o se intenta regular, lo cierto es que continúan siendo una práctica en la capital del país, a pesar de que han sido señaladas como acciones violatorias de derechos humanos. El propio Comité contra la Tortura de la ONU así lo acaba de volver a señalar. Ello sin dejar de mencionar la práctica de la tortura que, por incapacidad y vicios inveterados en la procuración de justicia, sigue dejándose de consignar y sancionar, a pesar de que en junio de este año fue tipificada de conformidad con los estándares internacionales en el Código Penal.
Lo mismo sucede cuando se toman medidas de desarrollo urbano sin consultar a la sociedad, empleando como pretexto el bien común, como sucedió en el caso de la Supervía, donde fue claro que nunca se realizó la consulta que la ley establece para llevar a cabo ese tipo de obras. O bien el uso reiterado del argumento de la falta de recursos para dejar de atender problemas en los sistemas penitenciario y de salud.
En su etapa como procurador, el doctor Miguel Ángel Mancera mostró una disposición abierta y conciliatoria frente a los derechos humanos. Y no se olvida que durante su campaña como candidato firmó el 21 de mayo una carta compromiso por los derechos humanos, en la que se compromete entre otras cosas a las siguientes. I. Constituir un gobierno democrático, basado en los derechos humanos y libertades fundamentales; el respeto a la dignidad; la autonomía de las personas; la igualdad y no discriminación; la participación ciudadana y la perspectiva de género, conforme a la Constitución mexicana y los tratados internacionales en la materia. II. Incorporar el enfoque de derechos y la perspectiva de género en las acciones de gobierno. III. Garantizar la progresividad de los derechos humanos de las personas que habitan o transitan por la ciudad, y evitar su restricción. IV. Adoptar y aplicar el criterio de interpretación y protección más amplio de los derechos humanos, tanto en actos de gobierno como en la valoración de las determinaciones o recomendaciones de los organismos locales, nacionales e internacionales de derechos humanos. V. Garantizar el derecho de acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas.
VI. La implementación de un sistema de reparación integral del daño a las víctimas. VII. Encaminar una política de seguridad ciudadana y de procuración de justicia, basada en la garantía de los derechos humanos, los derechos del debido proceso, la resolución no violenta de conflictos, la prevención social del delito, así como la debida atención a víctimas y personas procesadas y privadas de libertad, privilegiando el enfoque restaurativo. VIII. Establecer en los asuntos públicos de la ciudad mecanismos de consulta e interlocución apropiados y efectivos. IX. Asegurar el cumplimiento de la Ley del Programa de Derechos Humanos. X. Fomentar una cultura de paz y de derechos humanos entre las personas que viven o transitan por el Distrito Federal.
Esperemos que estos puntos sean prioritarios en la agenda del nuevo jefe de Gobierno. Problemas como la falta de agua, la sobrepoblación en los reclusorios, el impacto en la capital de la violencia que se vive en el resto del país, y la enorme necesidad de regular y respetar el marco normativo en materia de desarrollo urbano, son sólo algunas de las materias que seguramente tendrán que ocupar la agenda de derechos humanos de la próxima administración. Sin embargo, con voluntad y capacidad política se pueden abordar estos problemas tan complejos y propios de una ciudad tan grande como la capital del país.
