La Paz, 30 de noviembre. Después de que el ministro de Gobierno boliviano, Carlos Romero, informó sobre la existencia de una red de corrupción en la que se encuentran involucrados funcionarios públicos que extorsionaban al empresario estadunidense Jacob Ostreicher, detenido en el penal de Palmasola por presunto narcotráfico, siete personas han sido arrestadas y al menos cinco órdenes de aprehensión han sido giradas.

Entre los acusados están dos asesores jurídicos del Ministerio de Gobierno, un director del Ministerio de la Presidencia, un juez y seis ex funcionarios de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi).

La postura del gobierno de Evo Morales ante el caso Ostreicher es de cero tolerancia a la corrupción, por lo que las investigaciones continuarán caiga quien caiga, porque no se permitirán ese tipo de ilícitos, según declaraciones del ministro Carlos Romero. En el mismo sentido, la ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, declaró que buscará una sanción legal contra los funcionarios de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados al Narcotráfico. En esa línea, Romero ofreció protección y garantías a las víctimas de extorsión de esta red y las instó a presentar las denuncias correspondientes.

La red de corrupción no se limita a los funcionarios públicos. Entre los involucrados se encuentran personas que se hacían pasar por funcionarios, un gerente y una propietaria de ingenios. La banda que operaba en la Dircabi fue descubierta, ya que habría vendido los bienes incautados al empresario, que ascienden a 15 millones de dólares en cargas de arroz, maquinaria y ganado. Ostreicher, quien llegó a Bolivia hace cuatro años para invertir en la producción de arroz en Santa Cruz, fue detenido el 3 de junio de 2011 acusado de legitimación de ganancias ilícitas. Fue recluido con el fin de extorsionarlo para que obtuviera su libertad condicional.

No es la primera vez que la Dircabi se ve envuelta en este tipo de asuntos. A la fecha están documentados dos casos más de transferencia irregular de inmuebles. Lo anterior ha llevado al gobierno a replantear la viabilidad del organismo encargado de los decomisos al narcotráfico, pues existen serios vacíos en la reglamentación sobre el uso y destino de los bienes incautados por la dependencia.

Por el momento, dos de los ex funcionarios miembros de la red criminal –José Manuel Antezana y Gustavo Céspedes– son acusados de legitimación de ganancias ilícitas, organización criminal, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, beneficio en razón del cargo y uso indebido de influencias.

Cabe recordar que la lucha contra la corrupción ha sido de los temas de mayor interés en la gestión de Morales, razón por la que creó expresamente el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, y decretó, en 2010, la ley de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas, que hace imprescriptible cualquier delito contra el Estado.