La modernización administrativa del Instituto Federal Electoral (IFE) avanza a ritmo lento, por debajo de la capacidad que ha mostrado el instituto en la organización electoral. Los vicios que arrastra al presupuestar se mantienen en el proyecto para 2013. Otra vez hay una sobrepresupuestación, particularmente en el capítulo 1000, referido a salarios, explica Gregorio Guerrero Pozas, contralor general del instituto,

En los pasados cuatro años, el IFE ha proyectado sus presupuesto por encima de la demanda real, lo que se ha traducido en economizar en ciertas áreas, que posteriormente se asignan a otras, señala el funcionario.

Argumentan que les sobra dinero. Yo digo que piden de más y al final del año lo canalizan a otros rubros, realizando licitaciones apresuradas que terminan provocando una administración inadecuada. Se quedan con los recursos y a fin de año, por gastarlos rápido, no se hacen bien las cosas, destaca, y menciona la adquisición reciente de inmuebles, en Acoxpa, o una bodega en Tláhuac. Estos sobrantes han hecho que la contraloría se friccione mucho con la institución, lamenta .

Entrevistado en ocasión del Informe 2012 del IFE, en el cual destaca la proyección recurrente del alza de plazas laborales, que, según los reportes finales, no son utilizadas, recordó que uno de los más recientes choques entre el instituto y la contraloría se registró en las economías o ahorros que habría logrado en 2010 y cuyos recursos pretendió ejercer en 2011, básicamente provenientes de la sobrepresupuestación del capítulo 1000.

Acorde con el informe de la Contraloría General, los diferenciales entre las plazas presupuestadas por el IFE y las realmente ejercidas han implicado al IFE economías por un monto de 984 millones de pesos entre 2008 y 2011.

La modernización administrativa, dijo, “va muy lenta, a pesar de que el IFE adquirió el Sistema Integral de Gestión Administrativa, que supuestamente permitiría que la información financiera y administrativa fluyera mejor, pero sigue atorada en los distritos y las juntas locales por lo que no hay información útil para administrar e impide que la contraloría no tenga elementos suficientes para sus revisiones.

Si hay una mala contabilidad, añade, no sabemos bien lo que está pasando en la institución. Recordó que recientemente entraron en vigor modificaciones a la Ley de Contabilidad Gubernamental que obligan a las instancias que manejan recursos públicos –incluidos estados y municipios, y desde luego organismos autónomos– a tener información consolidada de su situación administrativa y financiera.

Evidentemente, el IFE no puede ser una excepción: debe aplicar estas modificaciones para mejorar su contabilidad.

Reconoció, asimismo, que difícilmente pueden introducirse estos cambios de la noche a la mañana, pero tampoco puede mantener su ritmo de modernización administrativa como hasta ahora.

–¿Hay ineficiencias o reticencias?– se le pregunta.

–Ha sido ineficiencia –responde enfático–, pero son palabras que se vinculan. A veces el personal tiene reticencia al cambio, pero el problema central es la ineficiencia administrativa.