En la presentación de su informe final, el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (CAT, por sus siglas en inglés) manifestó su preocupación por el alarmante aumento de esa práctica en México en el contexto de la guerra contra el crimen organizado, el cual ha quedado impune por la falta de voluntad política de las autoridades, señalaron integrantes de diversas organizaciones sociales.

Los activistas, pertenecientes a la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, indicaron en conferencia de prensa que el estudio del CAT –presentado el 23 de noviembre en Ginebra, Suiza– pone énfasis en el papel que ha desempeñado la figura del arraigo para cometer dichos abusos.

Aunque los especialistas de ese organismo internacional se han pronunciado desde hace seis años por eliminar esa figura, el Estado mexicano la elevó a rango constitucional en el contexto de la reforma penal de 2008 y la utiliza de forma amplia, incluso en zonas militares, pese a las advertencias de que propicia la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, además de no tener prácticamente ninguna eficacia real.

De acuerdo con el CAT, durante el periodo anterior a la presentación de un sospechoso ante el Ministerio Público se infligen torturas y malos tratos a los arraigados para obligarlos a hacer declaraciones autoinculpatorias que luego son utilizadas en juicios en su contra, en los que se pasan por alto todas las irregularidades del proceso.

Impunidad

Dicho fenómeno persiste, enfatizó el Comité, porque hay impunidad casi total para los responsables, como lo demuestra el hecho de que desde 2005 ha habido sólo cuatro condenas por tortura a nivel estatal y dos sentencias en el ámbito federal en los recientes 18 años, cuando los malos tratos ocurren de forma cotidiana.

Algunos de los elementos que facilitan la impunidad son la falta de investigación y la no aplicación adecuada del Protocolo de Estambul –método internacional para reconocer signos de tortura–, ya que los peritos de las entidades de gobierno simplemente no lo aplican o le restan importancia a sus resultados, por lo que el CAT recomienda que este proceso sea llevado a cabo por un grupo independiente de especialistas.

Por otro lado, los integrantes del Comité llamaron a las autoridades mexicanas a acotar el Código de Justicia Militar, para que los abusos cometidos por fuerzas castrenses contra civiles sean sometidos a la justicia regular; tipificar el delito de tortura en los códigos penales de todos los estados; frenar las agresiones contra sectores vulnerables (como mujeres, migrantes, periodistas y defensores de derechos humanos), y castigar a los servidores públicos que participan en desapariciones forzadas.

Ante dicho panorama, indicaron los activistas, resulta particularmente grave que el Estado mexicano opte por afirmar que no existe impunidad en los casos de tortura, cuando en los hechos no ha demostrado ninguna voluntad para investigar y sancionar a los responsables de dichos actos.