Contrario a lo divulgado ayer por algunos medios de comunicación, es totalmente falso que exista orden de aprehensión contra el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, por efectos de la llamada ficha roja, ya que no puede existir una ejecución por parte de la Interpol respecto de órdenes de aprehensión mexicanas que ya fueron canceladas, y no de ayer, sino de hace tres años.

En entrevista con La Jornada, el abogado Marco del Toro explicó que “las órdenes de aprehensión que ilegalmente habían sido dictadas en contra del dirigente minero (su representado) y que sustentaron aquella ficha roja se encuentran hoy completamente canceladas por inconstitucionales e ilegales”, de tal suerte que la nota difundida por la agencia Notimex, Joaquín López Dóriga y otros medios de comunicación, es falsa en todos y cada uno de los aspectos contenidos en la misma.

En primer lugar, abunda, “es falso que exista una orden del juez decimotercero para efecto de detener inmediatamente a Napoleón Gómez Urrutia por conducto de la Interpol. Falso, también, que se negara el amparo –como se asegura en las notas difundidas, por los magistrados del primer tribunal colegiado en materia penal en el Distrito Federal– en virtud de que ese recurso de revisión ni siquiera se ha sesionado, es decir, es un asunto que se encuentra en estudio”. El amparo promovido es en contra de mantener la ficha roja, pues todas las órdenes de aprehensión que le dieron vida han sido canceladas. Es un amparo para quitar basura de todo este asunto que han venido manejando, dice Marco del Toro.

Resulta vergonzoso lo que asientan las notas divulgadas, apunta el abogado, porque es rotundamente falso; de las once órdenes de aprehensión en contra del dirigente minero todas, absolutamente todas se encuentran canceladas, y solamente estamos pendientes de que se resuelva (por el sexto tribunal unitario en materia penal y por el primer tribunal unitario en materia penal, este último como juez de amparo) cómo se le va a dar cumplimiento al último amparo respecto de la última orden de aprehensión que ya cancelaron, y que cabe la posibilidad de que: a) la vuelvan a expedir (lo cual no es posible, porque el amparo es muy claro), o b) que finalmente ya cumpla este magistrado del sexto tribunal unitario dejando sin efectos, en definitiva, todos y cada uno de los asuntos de Napoleón Gómez Urrutia y que él pueda regresar a México.

Para el litigante, a título de hipótesis, lo que pasa es que están mandando esta información falsa con la finalidad de presionar a los magistrados que están por resolver este último tema que tiene mucha relevancia, por un lado, y por otro, tratar de generar como una despedida medio triunfal de un asunto que ha sido desastroso para el gobierno de Felipe Calderón, en donde lo único que ha mostrado es una persecución política violatoria de los derechos humanos, y que está generando responsabilidades, que ya estamos requiriendo, de funcionarios del gobierno federal en diversas instancias judiciales nacionales, y en su caso extranjeras, para que se sancione a todos aquellos que participaron en esta persecución política.

Subraya que “es lamentable que se utilicen los medios de comunicación para divulgar información falsa. Es lamentable que una persona como Joaquín López Dóriga difunda una noticia de ese tamaño sin verificar su autenticidad, como es su obligación periodística, y que hoy todas estas personas se mantengan en un marco de impunidad. Aun así, puntualiza, el regreso a México de Napoleón Gómez Urrutia es inminente.

Ha sido una batalla campal, en la que de once órdenes de aprehensión ya han sido canceladas las once, y sólo nos falta ver cómo se le da cumplimiento a la última ejecutoria de amparo, en donde la justicia federal ordenó, primero, que cancelara esta orden de aprehensión, y segundo, que se analizara cómo se le daba cumplimiento, y hasta que eso no ocurra no podemos generar el regreso del dirigente minero, pero estamos a días de que eso pase, y no le vemos ninguna posibilidad de que pueda quedar alguna nueva orden de aprehensión ni mucho menos, en un asunto que está jurídica y judicialmente resuelto, por mucho que algunas personas pretendan eludir una realidad que hoy tienen de frente y que traten de engañar a todo el país con informaciones falaces, que se divulgan perversamente.