Tras casi dos horas de debate, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó los lineamientos del sistema de datos personales de afiliados de los partidos políticos, por los que éstos se obligan a la difusión de su padrón de militantes.

El tema dividió a los consejeros; algunos reivindicaron criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y otras disposiciones comiciales y otros sostuvieron que esto dejaría en la desprotección los datos personales de sus militantes.

Marco Antonio Baños explicó que esta información estaría en su versión definitiva en marzo de 2014, y se pronunció en favor de dar continuidad a los criterios señalados por el TEPJF y hacer pública la información de la militancia. Las razones tienen que ver con el hecho de que los partidos son esencialmente entidades de interés público que reciben recursos del erario y sus afiliados participan en sus decisiones.

Pero sería su homólogo Benito Nacif quien encabezaría la oposición a la idea de difundir los datos personales de los afiliados: estos lineamientos dejan en estado de desprotección a los ciudadanos en lo que concierne a un derecho que estamos obligados a garantizar, que es la protección de los datos personales.

Consideró que esto corresponde a las reformas legales que han incrementado ese derecho: si la militancia en un partido es un dato personal, estamos obligados a protegerlo, porque es un derecho fundamental del ciudadano.

Coincidente con los argumentos de Nacif, Sergio García Ramírez fue explícito en sus desacuerdos con los criterios del TEPJF en la materia: voy a acompañar el proyecto, pero lo haré con particular incomodidad y desgano. No es mi costumbre impugnar las decisiones del tribunal, pero tampoco lo es compartirlas de manera absoluta y automática. Dijo estar de acuerdo con la argumentación de Nacif y al final votó en favor el proyecto en lo general, pero en contra en lo particular sobre la difusión del padrón de militantes.

El proyecto fue avalado por los otros consejeros en su totalidad, y por siete a dos se aprobó específicamente la difusión de los padrones.

Al respecto, el consejero Alfredo Figueroa destacó que estas disposiciones que debe aprobar el IFE obedecen a ausencias legislativas en la materia, señaladamente la inexistencia de una ley de partidos políticos. Insistió en que, como entidades de interés público que ejercen recursos públicos, debieran estar enmarcados en una ley específica.

Sólo tres partidos políticos hicieron patentes sus posturas. El panista Rogelio Carbajal respaldó el proyecto, aunque mencionó que hay una coalición o contradicción de criterios legales; el perredista Camerino Márquez avaló los lineamientos, si bien destacó la necesidad de que algunos datos –no mencionó cuáles– deberían ser salvaguardados.

Jorge Herrera, del Partido Verde, cuestionó más directamente el documento, al destacar que la difusión de la militancia podría generar discriminaciones de orden político.

“No entiendo –dijo la consejera María Marván– la conexión lógica entre la difusión del padrón y la inhibición de la participación política”. Aseguró que se debe empezar a creer que somos un país democrático y entender que la militancia en un partido no refleja en su totalidad la ideología de una persona, que va mucho más allá de sus preferencias políticas.